Diputados trata en comisiones la Ley de Lobby y el Super RIGI

La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles el tratamiento de dos proyectos del Poder Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Super RIGI para megainversiones. Ambas iniciativas se debaten en comisiones con la participación de funcionarios nacionales.

La Cámara de Diputados de la Nación puso en marcha este miércoles los mecanismos para convertir en ley dos proyectos del gobierno nacional, que forman parte de la última tanda remitida al parlamento.

Se trata de la ley de lobby y el «Súper RIGI» para megainversiones, un proyecto que potencia el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ambas iniciativas serán discutidas con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Economía y del Interior.

La jornada inició con las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, las cuales buscan avanzar de forma conjunta en el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para crear un «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses».

Con esta iniciativa, identificada como ley de lobby, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones de empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores.

La norma plantea la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses que permita inscribir lobistas, al mismo tiempo que el sistema exige declaraciones juradas en relación a los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Según se indicó en el proyecto del Ejecutivo, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la misma, y una síntesis de los asuntos abordados.

El proyecto también establece multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobistas para aquellos gestores de intereses que incurran en diferentes tipos de infracciones.

En paralelo, el proyecto exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, los cuales deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, lideradas por el oficialismo, es de carácter informativo y abierto a escuchar a diputados que tengan iniciativas sobre el tema.

En el último tiempo presentaron proyectos en este sentido Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

En cuanto al «Súper RIGI», se trata de un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias. Para las 15 fueron convocadas en plenario las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch; Industria, de José Luis Garrido; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Martín Yeza para abordar el proyecto del Poder Ejecutivo.

Se espera que al debate se sume el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, ambos funcionarios del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

El proyecto busca captar inversiones de gran escala en sectores vinculados a minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros.

Según se indicó en la iniciativa, los beneficiarios del esquema deberán realizar inversiones mínimas de 1000 millones de dólares a cambio de un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.

Esto incluye beneficios como una reducción al 15% del impuesto a las Ganancias y una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), junto a certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

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