La Cámara de Diputados de la Nación reanuda en comisiones el tratamiento del proyecto de Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. Organizaciones civiles advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la participación social.
La Cámara de Diputados de la Nación retomó en comisiones el tratamiento del proyecto de ley denominado «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», conocido como ley de lobby. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca regular las gestiones que realizan empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales.
Según informó la Casa Rosada, el objetivo es generar un Estado «sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación» y con reglas claras que sumen calidad institucional. El proyecto se inspira en modelos internacionales como el estadounidense, que data de 1946.
El director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marias, defendió la iniciativa en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Marias señaló que desde 2003 se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, abarcando «prácticamente todo el arco político». «Intenta regularizar algo que en Argentina siempre se hizo, se hace y se va a hacer», afirmó, y agregó que el texto es «perfectible».
La norma propone crear un Registro Público de Gestiones e Intereses donde los lobistas deberán inscribirse y presentar declaraciones juradas sobre sus clientes y gestiones. Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos o inhabilitación definitiva. La representación clandestina de intereses extranjeros será reprimida con prisión de seis meses a tres años.
Organizaciones como Fundar, Poder Ciudadano, Fopea y Amnistía Internacional presentaron un documento con advertencias. Sostienen que la ley podría derivar en una «participación vigilada», aumentar la supervisión estatal sobre entidades críticas y afectar la libertad de expresión. Cuestionan la equiparación entre incidencia ciudadana e interés comercial, la falta de independencia de la autoridad de aplicación y la posible estigmatización de organizaciones que reciben financiamiento internacional.
El proyecto excluye expresamente las actividades periodísticas, pero las organizaciones consideran que la excepción está «redactada de manera ambigua» y podría afectar al periodismo de investigación. También advierten que las multas pueden ser «insignificantes» para grandes empresas pero «impagables» para ONGs locales.
Para la sesión de este miércoles se prevé la participación de ONG involucradas en la temática, que expondrán sus reparos ante los legisladores.