El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta cuestionamientos por sus finanzas, mientras el Ejecutivo prioriza la agenda legislativa y aguarda definiciones judiciales.
El Gobierno nacional mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de divergencias internas en La Libertad Avanza (LLA), y aguarda definiciones judiciales para decidir los pasos a seguir, según fuentes oficiales consultadas por este medio.
Adorni reconoció haber obtenido dinero no declarado, que atribuyó a un hallazgo en el departamento de su padre fallecido y a ganancias por inversiones en bitcoins junto a su esposa, Bettina Angeletti. La pareja se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema que, según la ley, permite a funcionarios públicos ingresar sin detallar el origen del patrimonio bajo la Ley de Inocencia Fiscal.
En la última reunión de la Mesa Política, encabezada por Karina Milei, se celebró el cumpleaños de la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien calificó la situación de Adorni como «una omisión ética». El ministro de Hacienda, Luis Caputo, no asistió al encuentro por un viaje personal, según su entorno. Una fuente de la cartera económica señaló que «la desaceleración de la inflación y la baja del Riesgo País quedaron por detrás de la madeja judicial que envuelve a Manuel, y eso es un problema».
En el Congreso, diputados y senadores solicitaron la interpelación de Adorni para avanzar con una moción de censura que, de prosperar con mayoría absoluta, podría destituirlo. El PRO, a través de un tuit, cuestionó la permanencia del jefe de Gabinete, aunque un articulador del partido indicó que no prestarían votos para la moción. La Coalición Cívica y bloques peronistas también impulsan la medida.
En Comodoro Py, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó las declaraciones juradas de Adorni y su esposa para su análisis. Desde el Ejecutivo se desmintió una posible citación a declarar la próxima semana. «Manuel está muy tranquilo porque ya dijo todo lo que tenía que decir y va a esperar que se expida la Justicia», afirmó un colaborador de la Secretaría General.
La mayoría de los funcionarios nacionales se ha abstenido de declarar sobre el caso, salvo excepciones como el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, quien afirmó que «hay un peronismo con mucha caja tratando de voltear al Gobierno» y que «los ataques son desproporcionados».