La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al informe bianual de la Ley de Microtráfico. El oficialismo defendió los resultados de gestión y la oposición criticó la eficacia de la norma.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el informe bianual de evaluación de la Ley de Microtráfico con 39 votos a favor y 3 en contra. La iniciativa, que obtuvo media sanción, elimina la cláusula que obligaba a revisar periódicamente la vigencia de la norma. Los votos en contra correspondieron al bloque Frente Amplio por la Soberanía, integrado por Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver.
Con esta modificación al artículo 11 de la ley, el régimen ya no estará sometido a una revisión legislativa obligatoria, sino que se mantendrá el compromiso de remitir informes de gestión cada dos años a la Legislatura, elaborados por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El diputado radical José Corral (Unidos) defendió los resultados de la gestión. Afirmó que las políticas del gobernador Maximiliano Pullaro «vienen a dar respuestas a una demanda ciudadana de seguridad, de orden y de autoridad del Estado en nuestra provincia». Corral citó datos del informe del período 2023-2025: 18.409 llamadas ciudadanas, 24.843 denuncias al MPA por microtráfico, 2.616 allanamientos ejecutados, 658 armas de fuego secuestradas, 105 derribos de búnkers y 490 condenas. «La ley que estamos discutiendo se justifica en la evidencia del informe bianual. Por eso creemos que no hay que volver atrás», sostuvo.
En la vereda opuesta, Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) ratificó el rechazo a la ley. «Vamos a votar en contra, como habitualmente. Esta semana estalló la hipocresía de esta ley», declaró. Del Frade cuestionó que las estadísticas oficiales no demuestren la desarticulación de bandas ni expliquen el ingreso de drogas o el contrabando de armas. «La famosa lucha contra el narcotráfico sirve en todo caso para la readecuación del negocio del microtráfico», afirmó. También advirtió que el nuevo esquema normativo dotaría de facultades a «nichos de corrupción» de las fuerzas de seguridad, como realizar allanamientos sin orden judicial o detener por no portación de documentos.