El máximo tribunal presentó un documento crítico ante la Legislatura, mientras el Ejecutivo impulsa cambios en la ley orgánica de tribunales penales.
La Corte Suprema de Santa Fe presentó ante la Legislatura un documento con observaciones al proyecto de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, que modifica la ley orgánica de tribunales penales y gestión judicial N° 13.018. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.
El proyecto busca unificar los colegios de jueces y las oficinas de gestión judicial para primera y segunda instancia, y modificar las escalas de apelación. Según fuentes legislativas, la sesión prevista para este jueves fue postergada dos semanas para facilitar negociaciones.
Los ministros de la Corte Jorge Baclini, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta participaron del análisis del proyecto. El máximo tribunal sostiene que la Constitución provincial (art. 128) le asigna la facultad de dictar disposiciones para el mejor desempeño de la función judicial.
Entre las objeciones, la Corte señala que la conformación de dos Colegios de Jueces Penales (uno de primera instancia y otro de revisión) sin criterio de asiento territorial podría suprimir la pauta de competencia funcional entre instancias. También advierte que permitir que todos los jueces intervengan en cualquier etapa del proceso podría vulnerar la división funcional.
El tribunal califica de “demasiado amplia” la modificación y propone instalar un sistema de suplencias intracircunscripción similar al actual para los vocales de la Cámara de Apelación en lo Penal.
En cuanto a las oficinas de gestión judicial, la Corte considera “inconveniente” la centralización, ya que una estructura única operando remotamente sobre múltiples sedes generaría demoras operativas. Propone la unificación por ley de las oficinas 1 y 2 en las circunscripciones judiciales 1 y 2.
El artículo 21 del proyecto, que establece las audiencias telemáticas como regla general, también es objetado. La Corte sugiere que las audiencias de debate, las primeras audiencias de prisión preventiva y las de formalización de cargos sean presenciales salvo excepciones.
Respecto a los recursos de apelación, el proyecto oficialista eleva a 18 años la pena mínima para que intervenga un tribunal pluripersonal. La Corte considera que debería mantenerse en 8 años como máximo, argumentando que un tribunal colegiado ofrece una revisión plural y mayor legitimidad institucional.
La diputada libertaria Silvia Malfesi coincidió con las observaciones de la Corte, señalando la importancia de la inmediatez de los magistrados y cuestionando el concepto de homogeneidad jurisdiccional. Las negociaciones continuarán durante los próximos diez días antes de un posible tratamiento en el recinto.