La Cámara alta tiene previsto debatir el 6 de agosto la iniciativa que modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros. El proyecto obtuvo dictamen pero no logró ser tratado en julio por falta de votos.
El Senado Nacional tiene previsto debatir en la próxima sesión, programada en principio para el jueves 6 de agosto, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo, que modifica el régimen de propiedad de tierras rurales. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, fue girada por el presidente Javier Milei y busca «fortalecer la propiedad privada» y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.
El proyecto obtuvo dictamen el 20 de mayo en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta. Según el texto, se elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros establecido por la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) de 2011. Además, se prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, organismos públicos o fondos estatales, salvo autorización expresa de la provincia y la Nación. Para privados extranjeros, se habilita la compra sin restricciones, pero las provincias podrán autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Se mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.
En materia de expropiaciones, el proyecto plantea una definición más restrictiva de «utilidad pública» y la obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional. Incorpora el lucro cesante «cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación», fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más una tasa de interés fijada por sentencia.
El proyecto también busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores, y se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.
En materia de manejo del fuego, el dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta o cambio de uso en otros casos.
El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. En julio no pudo ser tratado en el recinto al no tener asegurados los votos necesarios. Organizaciones sociales convocan a marchas en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.
En la provincia de Santa Fe, un proyecto de comunicación firmado por los diputados provinciales Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome medidas para resguardar «la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe», en el marco del debate del proyecto de ley nacional. También solicita medidas para resguardar los recursos hídricos de la provincia, en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní.