Tras la publicación del Decreto 690/2026, los prácticos, pilotos y baqueanos suspendieron sus servicios en la Vía Navegable Troncal. Prefectura Naval Argentina notificó la reanudación inmediata de tareas.
El comercio exterior argentino registra una paralización de las operaciones en la Vía Navegable Troncal y en las terminales del Cordón Industrial santafesino. La medida fue adoptada por prácticos, pilotos y baqueanos luego de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 690/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y los ministros Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. El cese de actividades afecta el ingreso, amarre y zarpada de buques comerciales en los accesos a los puertos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.
El Decreto 690/2026 deroga el Decreto 2694/91 y establece una reestructuración del sector. Entre las disposiciones se incluyen la eliminación de los cupos de inscripción en la Prefectura Naval Argentina (PNA), la autorización a armadores para contratar profesionales independientes, la fijación de topes tarifarios obligatorios por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la exención de la obligación de contratar prácticos para capitanes, nacionales o extranjeros, que acrediten conocimiento de la zona.
Ante la suspensión de actividades, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación dispusieron un operativo conjunto. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina se presentaron ante los profesionales para notificar la reanudación inmediata de las tareas. La notificación se fundamenta en la Ley de Navegación N° 20.094, que define el practicaje como un servicio público esencial para la seguridad de la navegación. Las cédulas entregadas advierten que la persistencia en la medida podría ser encuadrada en los artículos del Código Penal referidos a la interrupción de medios de transporte y vías navegables, y que se iniciarán sumarios administrativos que podrían derivar en la suspensión o cancelación de matrículas.
Las organizaciones que agrupan a prácticos, baqueanos y capitanes rechazaron la desregulación. Sostienen que el decreto compromete los estándares de seguridad náutica en el río Paraná, fomenta la precarización laboral y genera un esquema de competencia desleal en perjuicio de la mano de obra nacional. Los gremios preparan la presentación de recursos de inconstitucionalidad y medidas cautelares ante la Justicia Federal para frenar la aplicación del decreto.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales también expresó críticas a la reforma, en el marco de un paquete legislativo más amplio que modificaría la Ley de Cabotaje Nacional. La entidad calificó las reformas como un ataque a la Marina Mercante y a la soberanía logística del país.
El Gobierno nacional ratificó que mantendrá la medida y evaluó la activación de mecanismos de emergencia contemplados en los artículos 5 y 6 del Decreto 690/2026. Estas cláusulas facultan a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a asumir directamente la prestación de los servicios de practicaje o a autorizar temporalmente a capitanes habilitados de contingencia para restablecer la navegación.