La Unidad de Derechos Humanos de Rosario pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 penas de prisión perpetua para cuatro acusados y condenas de entre seis y ocho años para otros cuatro, por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en perjuicio de 62 víctimas.
La Unidad de Derechos Humanos de Rosario solicitó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de aquella jurisdicción la imposición de penas de prisión perpetua para cuatro acusados y condenas de entre seis y ocho años de prisión para otros cuatro, por la comisión de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 62 víctimas durante el terrorismo de Estado. Los hechos ocurrieron cuando los imputados integraban el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército de esta ciudad y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
La fiscalía, representada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella, solicitó ante los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario que los crímenes juzgados sean declarados como “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país”. Además, el fiscal Villatte requirió, ante la posibilidad de una sentencia condenatoria, la inmediata detención de todos los imputados en carácter de prisión preventiva.
En el inicio de la exposición, el auxiliar fiscal Baella señaló que “aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron”.
La intervención de la fiscalía no pudo finalizar debido a un corte programado en el sistema del Poder Judicial, lo que obligó a disponer un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, que se realizará el 26 de agosto.
El juicio comenzó el 14 de marzo de 2024 y abordó la unificación de cuatro causas judiciales: “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”. Se trata de crímenes cometidos en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste provincial y que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant. Durante las audiencias declararon más de 100 testigos, entre vecinos, víctimas y familiares.
En el comienzo del juicio se abordaban también los casos de otras 17 víctimas por los cuales se encontraban imputados Hubo Bellet, Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, quienes fallecieron durante el proceso, por lo que se declaró extinta la acción penal.
Detalle del pedido de penas
Al cabo de 14 jornadas de alegato fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso el pedido de penas para los acusados. Para Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores de los delitos correspondientes a la causa “Marfott de Trod”: allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de una víctima.
En cuanto a los exoficiales de la delegación San Nicolás de la DIPPBA, vinculados con los hechos de la causa “Santillán”, la fiscalía solicitó ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi por ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político. En el caso de Amarillo, en perjuicio de tres víctimas, y en el de Parodi y Calabresi, contra una. A los tres se les solicitó la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En cuanto al exoficial Enabel Otilio Cappa, los representantes del MPF solicitaron la prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los mismos delitos en perjuicio de seis víctimas, sumado al homicidio de estas seis personas.
Con respecto al excoronel Carlos Manuel Biglieri, quien al momento de los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, la fiscalía pidió seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena como coautor de los crímenes vinculados a la causa “Comolli”, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político; y allanamiento ilegal.
Por su parte, se solicitó la prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, al ser considerado coautor de los hechos vinculados a las causas “Santillán”, “Berg”, “Francioni” y “Comolli” por delitos como privación ilegítima de la libertad con distintos agravantes (empleo de violencia y amenazas, duración de más de un mes y ser la víctima un perseguido político), allanamiento ilegal, robo agravado por ser en poblado y en banda, y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Las causas
Entre los distintos casos juzgados se encuentra el allanamiento ilegal sufrido por la familia Berg en la ciudad de San Nicolás. En la causa también se abordan los delitos de privación ilegítima de la libertad cometidos en 1976 en perjuicio de un grupo de víctimas —militantes, en su mayoría, del Partido Comunista—, en concurso real con el delito de torturas y con el homicidio agravado de dos personas.
Con relación a la persecución ilegal sufrida por los Berg, la fiscalía dio por probado que, en la madrugada del 16 de mayo de 1976, mientras la familia se encontraba durmiendo en la vivienda ubicada en la calle Reynoso, personal del Ejército del área militar 132 irrumpió con armas de largo calibre para secuestrar a sus integrantes. Según el MPF, quedó acreditado durante el juicio que para concretar el operativo las fuerzas represivas dispusieron de militares apostados en los techos de las viviendas linderas y realizaron un cerco.
En ese marco, se detuvo a las víctimas Juan Berg Frank y sus dos hijos mayores (de 18 y 15 años), que fueron trasladados en una camioneta verde a la sede del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, donde fueron alojados en un calabozo. Esa misma noche se perpetró otro operativo en el domicilio de la familia, donde se detuvo a María Mayer de Berg junto a sus tres hijos de 11 años, un año y medio y cuatro meses de edad, respectivamente. Fueron trasladados al batallón. La madre fue sometida a interrogatorios en los que la instaban a afirmar que pertenecía a la agrupación Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Al día siguiente fue liberada.
En tanto, su esposo y sus hijos mayores fueron trasladados a la Delegación Local de la Policía Federal, donde fueron sometidos a tormentos de distintos tipos: golpes, amenazas y agresiones psicológicas. Los hijos permanecieron secuestrados dos días y el padre estuvo detenido por 18 días.
Además, en el juicio se aborda el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en las calles Schubert y Chopin en San Nicolás, perpetrado el 17 de noviembre de 1976 por fuerzas de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Según se acreditó en el debate, en ese hecho fue asesinado el cuidador de la vivienda, Ignacio Valetin Sabena, luego de ser sometido a torturas. Los integrantes de la comitiva policial llegaron allí con la información de que quienes se encontraban en el lugar integraban la organización Montoneros.
En la investigación se determinó que en aquel operativo se enfrentaron miembros de la Policía Federal y de la Policía provincial de Santa Fe, que concluyó con la muerte de dos agentes federales. Marfott y Trod no se encontraban en el domicilio al momento de los hechos. Tras regresar a la vivienda fueron alertados por los vecinos y pudieron huir. Al día siguiente, personal del Ejército saqueó la casa y robó múltiples objetos.
En la causa “Santillán” se abordan los hechos que tuvieron, entre otras víctimas, a los militantes políticos Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester, que fueron detenidos y se encuentran desaparecidos. Todos ellos integraban la “Regional Norte-Norte” o “Riberas del Paraná” del ERP. El caso que da nombre al expediente es el del militante Santillán, secuestrado el 9 de noviembre de 1976 por fuerzas militares y personal de la DIPPBA, a la salida del bar «Esso» en la avenida Savio de la ciudad de San Nicolás.
En tanto, en la causa “Francioni” se juzgan los hechos que tuvieron como víctimas a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Pergamino, mientras que en el expediente “Comolli” se juzga la persecución de obreros metalúrgicos con participación sindical, mayormente de la agrupación Felipe Vallese.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación