El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el embargo preventivo del departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. La medida forma parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial del fallo.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso el embargo preventivo del departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. La medida forma parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial del fallo.
El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., sociedad vinculada a la familia Kirchner, y quedó comprendido dentro de un segundo grupo de activos alcanzados por medidas cautelares mientras avanza el proceso para cubrir el decomiso fijado por la Justicia.
Qué implica el embargo
La resolución no supone por ahora una subasta ni un cambio de titularidad del departamento. El objetivo es impedir que el bien pueda ser vendido, transferido o utilizado en una operación mientras se define su situación dentro del proceso de decomiso.
Cristina Kirchner continúa cumpliendo allí su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El domicilio de San José 1111 es su lugar de detención domiciliaria desde junio de 2025. Por el momento, la medida patrimonial no modifica las condiciones de detención ni obliga a la expresidenta a trasladarse a otro inmueble.
Un segundo grupo de 144 bienes
El TOF 2 avanza ahora sobre una segunda tanda que incluye 144 activos entre propiedades, vehículos y participaciones accionarias de sociedades vinculadas con los condenados. La primera etapa había alcanzado 111 propiedades cuya ejecución fue impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Parte de esas decisiones continuó luego su recorrido en instancias superiores.
Entre los bienes de esta nueva etapa también fueron incluidos más de cinco millones de dólares vinculados a Florencia Kirchner que permanecían depositados en una caja de seguridad bancaria.
El decomiso de $685.000 millones
Las medidas se enmarcan en el proceso destinado a ejecutar el decomiso fijado en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme en julio el monto actualizado en $685.000 millones para Cristina Kirchner y los restantes condenados.
El tribunal sostiene que los bienes incorporados a determinados patrimonios durante el período investigado pueden ser alcanzados cuando exista vinculación con el beneficio económico obtenido a partir de la maniobra por la que fueron condenados. Ese criterio incluye activos pertenecientes a sociedades que, según la sentencia, recibieron beneficios derivados de la relación comercial entre empresas de Lázaro Báez y compañías de la familia Kirchner.
El vínculo con Los Sauces y Hotesur
Los jueces señalaron que durante el período investigado existieron relaciones económicas entre firmas de Báez y sociedades de la familia Kirchner, entre ellas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. El fallo sostuvo que empresas del empresario patagónico alquilaron propiedades, explotaron establecimientos turísticos y realizaron operaciones comerciales vinculadas con esos activos.
A partir de ese razonamiento, el TOF 2 dispuso ampliar las cautelares para garantizar que los bienes permanezcan jurídicamente indisponibles mientras continúa la discusión sobre el decomiso definitivo.
Qué puede pasar con San José 1111
El embargo preventivo no implica que el departamento vaya a ser rematado de manera inmediata. Para avanzar sobre una eventual realización del inmueble deberán completarse las distintas etapas judiciales previstas. Mientras tanto, Cristina Kirchner continuará allí bajo el régimen de prisión domiciliaria, salvo que exista una resolución posterior específica que modifique el lugar de cumplimiento de la pena.