El oficialismo y sus aliados lograron hoy dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, que excluye a funcionarios de los tres poderes de los beneficios del régimen. El debate en el recinto está previsto para el 26 de agosto.
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. El despacho, que contó con 44 firmas, será debatido en la sesión prevista para el 26 de agosto.
El dictamen fue respaldado por el PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Según el texto, se establece la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen, aunque podrán utilizar el sistema simplificado como canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.
La exclusión alcanza a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los cinco años anteriores a la fecha de adhesión. La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, declaró: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”.
El proyecto detalla los cargos excluidos: funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; legisladores nacionales, provinciales, de CABA, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur; magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones; y miembros de órganos de control como defensores del Pueblo, sus adjuntos, consejeros de la Magistratura e integrantes de jurados de enjuiciamiento.
Además, se eliminan los topes de 1000 millones de pesos de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio para acceder al régimen, con el objetivo de permitir la incorporación de grandes contribuyentes. También se incorpora una reducción del 25% de las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Rodríguez Machado agregó: “Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”.