Un análisis de la consultora Qualy indica que, de haberse aplicado la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Gobierno postergó en febrero, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la fecha sería de 344,3%, frente al 328,8% que registra el índice vigente.
La consultora Qualy difundió un ejercicio estadístico que reconstruye la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023 utilizando las ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18. Según ese cálculo, la inflación acumulada en el período sería de 344,3%, mientras que con la metodología vigente, basada en la ENGHo 2004/05, el registro oficial es de 328,8%. La diferencia entre ambas mediciones es de 15,5 puntos porcentuales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a difundir el IPC con la estructura de gastos de la ENGHo 2017/18 a partir de enero de 2026. Esa actualización fue suspendida por el Gobierno a comienzos de febrero. El entonces director del organismo, Roberto Lavagna, presentó su renuncia. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión en ese momento con la afirmación: “No hay que cambiar el índice ahora” y agregó que el actualizado “da prácticamente igual”.
El trabajo de Qualy, que recalculó mes a mes el índice desde diciembre de 2023 con las ponderaciones de la encuesta 2017/18, muestra que las diferencias mensuales son pequeñas. Por ejemplo, en julio la nueva medición habría dado 2,14% contra el 2,11% oficial. Sin embargo, el efecto acumulado a lo largo de más de dos años amplifica la brecha hasta los 15,5 puntos porcentuales.
El informe de Qualy señala que “a diferencia de la estructura metodológica vigente, la canasta actualizada le otorga una incidencia significativamente mayor al bloque de Servicios sobre el índice general”. Ese bloque incluye tarifas de servicios públicos, transporte y alquileres, rubros que registraron aumentos durante la gestión de Javier Milei. La estructura vigente utiliza ponderaciones determinadas a partir de la encuesta de 2004/05, actualizadas luego por la evolución de los precios.
La canasta vigente incluye ítems como disquetes, casetes, reproductores de MP3, iPods, revelado de rollos fotográficos, aparatos de fax, vehículos de tracción animal (sulkys y carros) y sus arneses, televisores de tubo (CRT) y llamadas desde líneas fijas. No contempla consumos tecnológicos recientes como plataformas de streaming de video o música, aplicaciones de movilidad o servicios en la nube.
En cuanto a la ponderación de servicios públicos, el informe indica que energía eléctrica, gas y agua tienen un peso menor al real (9,4%), mientras que con patrones actualizados deberían representar un porcentaje mayor del gasto de las familias. El rubro de alimentos y bebidas, en cambio, tiene una porción alta que afecta el impacto relativo de otros bienes y servicios.
El análisis también aborda el impacto en los salarios. Al indexar o negociar aumentos basados en un IPC más bajo, los trabajadores enfrentan un costo de vida real superior debido a los aumentos en tarifas de servicios. Las referencias oficiales no reflejan los gastos cotidianos actuales de los hogares, lo que debilita el efecto de las actualizaciones salariales. Las remuneraciones estatales y jubilaciones atadas al índice oficial sufren un deterioro frente a los gastos corrientes de las familias. Además, un índice de inflación retrasado deprime artificialmente los límites de las canastas básicas, alterando los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.