Martín Risso Patrón, representante legal de la hija de uno de los hombres alojados en residencias para adultos mayores, solicitó que se incorporen a la investigación testimonios sobre un posible mecanismo de aprovechamiento económico que incluiría el control de viviendas.
El abogado Martín Risso Patrón, que representa a la hija de uno de los hombres alojados en residencias para adultos mayores en Santa Fe, pidió que se investigue la presunta apropiación de inmuebles de los residentes. Durante una entrevista en el programa Santa Fe Policiales, emitido por CYD Litoral, el letrado afirmó que existen testimonios que podrían revelar un mecanismo de aprovechamiento económico de adultos mayores, que incluiría no solo el manejo de sus pensiones, sino también el control de sus viviendas.
Risso Patrón relató que, durante una audiencia judicial vinculada a la causa, tomó contacto con un hombre que habría sido alojado en una de esas residencias. Según el abogado, el hombre le dijo que su familia desconocía que estaba en un geriátrico y que le habían quitado su casa. «Me dice que él no quería hablar porque el fiscal se había comprometido a devolverle la casa», contó el letrado. «A él lo llevaron, lo escondieron ahí y le quitaron la casa, se la usurparon», agregó. Según ese relato, en la vivienda posteriormente se habría instalado un geriátrico.
El testimonio coincide con el aportado por Melina, una ex empleada de los establecimientos, quien también declaró en el mismo programa que la utilización de propiedades de adultos mayores habría sido una práctica repetida. «Había una captación de estas personas y la utilización económica de estas personas vulnerables. No solamente en quitarle las pensiones que tenían, sino que además se quedaban con las propiedades», afirmó Risso Patrón.
El abogado también se refirió al caso de su clienta, D. R., cuyo padre estaba alojado en uno de los geriátricos. Según relató, la familia había solicitado que la responsable del establecimiento no retirara la pensión correspondiente a abril, ya que necesitaban esos fondos para trasladar al hombre a otro lugar. Pese al pedido, el dinero fue retirado y retenido. «Ahí hay una estafa por retención indebida», sostuvo el letrado. La familia denunció que la mujer concurrió a un Centro Territorial de Denuncia para dejar constancia del retiro, argumentando que correspondía al pago por los servicios del mes.
En otro tramo de la entrevista, Risso Patrón mencionó audios en los que un hombre identificado como R., que habría estado a cargo del cuidado de los residentes, le decía a su clienta que la responsable del establecimiento quería suministrar a su padre una cantidad de medicación superior a la indicada por los médicos. «La dueña quiere que le dé mucha más medicación que lo que le corresponde a tu papá, pero yo no voy a hacer eso», habría dicho R. El abogado consideró que ese testimonio debería haber generado una reacción de la Fiscalía.
Risso Patrón también afirmó que presentó un escrito ante la Fiscalía Regional con la declaración de su clienta y otra información, con el objetivo de que se incorporen a la investigación los hechos que, según su planteo, no habían sido considerados. Además, sostuvo que el expediente podría contener elementos para investigar una eventual privación ilegítima de la libertad, delito que, según dijo, no habría sido imputado. «Por lo menos en un primer momento, lo que le llegó a la OGJ es que había privación ilegítima de libertad», manifestó.
El abogado también cuestionó lo que consideró una inversión de responsabilidades en el caso de su clienta, quien habría sido amenazada con una denuncia por abandono de persona cuando reclamaba documentos y dinero de su padre. Para Risso Patrón, quienes habían asumido el compromiso de cuidar a los adultos mayores eran quienes tenían la obligación de garantizar su atención.
Por el momento, se trata de testimonios y denuncias de particulares. La Justicia deberá determinar si los hechos descriptos constituyen delitos y quiénes serían los responsables.