El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, señaló que la nueva ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a partir del 5 de septiembre, no cuenta con directivas concretas para su implementación en la provincia de Santa Fe.
El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, designado en 2018, manifestó que la ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, no cuenta con información oficial suficiente sobre cómo se implementará en la provincia de Santa Fe. La normativa comenzará a regir a nivel nacional el próximo 5 de septiembre.
Cardinale afirmó: «Todo está dispuesto, pero no está clara la implementación». El magistrado sostuvo que falta definiciones institucionales para aplicar la ley, y mencionó: «Son oficinas, personas, cargos, plata…». Además, señaló que «no hay en el fuero penal juvenil una sección juvenil especial y tampoco se implementó el cargo de asesor tutelar para la reinserción de los menores imputados».
La ley 27.801 reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema procesal y penal especializado para adolescentes. Para los de 14 años, la escala penal se reduce a la mitad. Se prohíbe la prisión perpetua y, para penas de hasta tres años, se priorizan medidas como amonestaciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico. También se prohíbe alojar a menores en establecimientos para adultos y se exige asistencia médica, psicológica, educativa y equipos interdisciplinarios.
Cardinale expresó dudas sobre la implementación práctica: «¿Qué ocurre con un adolescente con problemas de consumo? ¿Quién realizará su seguimiento? ¿Qué profesionales integrarán esos equipos? ¿Existen actualmente los institutos especializados necesarios? Y, por último, ¿cómo se financiará toda esa estructura?».
Durante el debate previo a la sanción de la ley, el magistrado había señalado que «el sistema penal es selectivo» y que la reforma no aborda las causas estructurales del delito. También indicó que Argentina incumplía compromisos internacionales y observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que instan a no reducir la edad de punibilidad. En esa ocasión, describió la respuesta estatal en lugares de encierro como «aberrante y cruel».
El juez calificó como «terraplanismo punitivista» la consigna que equipara el delito cometido por un adolescente con la pena de un adulto. Además, destacó que «es mínima la población de adolescentes que se vincula con alguna actividad delictiva» y que la incidencia de menores en las audiencias imputativas es «ínfima».