El Gobierno argentino oficializó su incorporación al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que cuestiona el reconocimiento del aborto como derecho. La adhesión fue firmada por el canciller Pablo Quirno y no modifica la legislación vigente.
El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una declaración internacional que cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho. La firma estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y contó con la participación del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y de Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense.
La Cancillería argentina comunicó la decisión después de que la incorporación trascendiera inicialmente en medios estadounidenses. Quirno presentó el acuerdo como una herramienta para defender “la vida humana” y a la familia, además de fortalecer la soberanía de los países en la definición de sus políticas públicas. En sus declaraciones no mencionó de manera explícita la palabra aborto, aunque ese es uno de los ejes centrales del documento.
El Consenso de Ginebra fue creado en 2020, durante la primera administración de Donald Trump, con el respaldo de varios gobiernos conservadores, entre ellos el de Jair Bolsonaro en Brasil. La declaración afirma que no existe un derecho internacional al aborto y establece que esa práctica no debe ser promovida como método de planificación familiar. Al mismo tiempo, sostiene que cada Estado conserva la facultad de dictar sus propias leyes y definir sus políticas sanitarias.
La iniciativa no constituye un tratado internacional ni impone obligaciones jurídicamente vinculantes a los países que la suscriben. Sin embargo, sus integrantes buscan coordinar posiciones en organismos multilaterales y promover una agenda que vincula la protección de la familia con la defensa de la vida desde la concepción. De acuerdo con información difundida por el Gobierno argentino y por representantes estadounidenses, más de 40 países forman parte del espacio.
La incorporación se produjo luego de que Estados Unidos retomara el liderazgo de la coalición. Washington había abandonado el mecanismo durante la presidencia de Joe Biden, mientras que la administración de Trump volvió a integrarlo y asumió la secretaría en reemplazo de Hungría. Según el medio estadounidense The Daily Signal, la Argentina fue el primer país en incorporarse desde que Estados Unidos volvió a ocupar ese rol.
El anuncio también profundizó la alineación diplomática entre el presidente argentino, Javier Milei, y Donald Trump, a quien el mandatario argentino considera uno de sus principales aliados internacionales. La Casa Rosada ya había expresado coincidencias con el mandatario estadounidense en cuestiones vinculadas con la política exterior, la agenda cultural y el rechazo a distintas políticas asociadas con la perspectiva de género.
La adhesión argentina no modifica por sí misma la legislación nacional. Desde enero de 2021 se encuentra vigente la Ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive y garantiza el acceso a esa práctica dentro del sistema de salud. A partir de la firma del documento, no obstante, surgieron nuevos interrogantes sobre la posibilidad de que el oficialismo intente avanzar en el futuro contra ese régimen.
Por el momento, el Gobierno no anunció un proyecto para derogar la ley ni informó cambios inmediatos en los procedimientos establecidos. La declaración internacional tampoco obliga a sus integrantes a modificar sus normas internas. La preocupación de organizaciones feministas y especialistas se concentra, en cambio, en el impacto que podrían tener el desfinanciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, las dificultades de acceso y una eventual revisión de las políticas públicas vinculadas con la prevención de embarazos no intencionales.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del oficialismo para consolidar una identidad política alrededor de la llamada “batalla cultural”. La defensa de la vida desde la concepción es una de las posiciones históricas de los sectores provida que integran La Libertad Avanza, aunque dentro del Gobierno también reconocen que una ofensiva legislativa contra la interrupción voluntaria del embarazo requeriría construir acuerdos políticos que hoy no están garantizados.