Raúl Luis Martins Coggiola, de 78 años, fue extraditado desde México y arribó a la Argentina el 22 de agosto. La Justicia Federal lo reclama desde 2019 por asociación ilícita y explotación económica de la prostitución ajena. Su regreso permite avanzar hacia el juicio oral.
El 21 de agosto, Raúl Luis Martins Coggiola, de 78 años, fue trasladado desde su domicilio en Cancún, donde cumplía arresto domiciliario, al aeropuerto de esa ciudad y embarcado con destino a Ezeiza. Arribó a la Argentina a la madrugada del día siguiente. La Justicia Federal argentina reclamaba su extradición desde 2019.
La detención original ocurrió el 3 de octubre de 2019 en el aeropuerto de Cancún, por orden de la jueza federal María Servini de Cubría, tras la confirmación del procesamiento por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto del juez Gustavo Hornos. Se le imputa ser jefe de una asociación ilícita y la explotación económica de la prostitución ajena.
Martins había permanecido en México desde aproximadamente el año 2000. Según la investigación, en ese país operó locales nocturnos en Cancún y Playa del Carmen, entre ellos The One, Mix Sky Lounge y Divas Cancún. La pesquisa también documentó un catálogo digital denominado Zona Divas.
En Buenos Aires, la investigación identificó diez locales habilitados como bar, café o whiskería, activos desde al menos 2010, entre ellos Anchorena Swinger Club, Brut, Extra Brut, Fama, Oba-Oba, Hippopotamus, Approach, Sweet Club, Top Secret y Hot Area. El local Anchorena fue allanado y clausurado el 27 de febrero de 2015 por orden de Servini de Cubría, en el marco de la ley 26.842.
La causa se inició a partir de una denuncia de Lorena Martins, hija del imputado, presentada en 2011 con el respaldo de la organización La Alameda. La denuncia pasó primero por el juzgado de Norberto Oyarbide, quien la archivó en 2012. La Cámara Federal revocó ese archivo en 2016 y reactivó la investigación.
En septiembre de 2019, Servini de Cubría ordenó la captura internacional. En agosto de 2022, la Corte Suprema dejó firme la prisión preventiva. En 2023, Casación rechazó un planteo de nulidad de la defensa. En octubre de 2024, Servini procesó a Estela Percival, Natalia Percival y Virginia Solís por asociación ilícita y lavado de activos. En febrero de 2025, la Cámara Federal sobreseyó a las tres por asociación ilícita, pero mantuvo el procesamiento por lavado. En julio de 2025, Casación anuló los sobreseimientos y la asociación ilícita volvió a estar imputada, con embargos de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada una.
La defensa de Martins estuvo a cargo del abogado Claudio Lifschitz. En declaraciones periodísticas, Lifschitz sostuvo que su cliente contaba con protección en Cancún a través de su vínculo con el empresario Isaac Hamui, a quien describió como socio del ex gobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks Díaz. Esas afirmaciones no fueron establecidas en sede judicial.
El regreso de Martins se produce en un año electoral, con miras a las elecciones presidenciales de 2027. La causa principal, por trata y lavado de dinero, podrá avanzar hacia el juicio oral. Las causas contra su núcleo familiar continúan en trámite.