La Justicia federal ordenó allanamientos en Rosario vinculados a una investigación por lavado de activos que conecta con la causa originada en Barcelona sobre el patrimonio de la familia Pujol. El procedimiento central se realizó en el departamento de Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario.
En el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional, la Justicia federal ordenó este miércoles por la mañana una serie de allanamientos en Rosario. El procedimiento central tuvo lugar en el departamento de Urquiza al 2000, donde cumple arresto domiciliario el financista y ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan. La causa investiga una red de lavado de activos e incluye el pedido de tres órdenes de detención, además de embargos y secuestros de bienes patrimoniales.
Según fuentes judiciales de la fiscalía, el expediente guarda vinculación directa con la investigación penal originada en Barcelona sobre el patrimonio de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y sobre las maniobras de blanqueo atribuidas a su hijo, Jordi Pujol Ferrusola.
La conexión Barcelona-Rosario
El vínculo entre los allanamientos y los tribunales europeos se remonta a la década del 2000, cuando Jordi Pujol Jr. desembarcó en la concesión del Puerto de Rosario a través de sociedades constituidas en el exterior. En ese contexto, Shanahan operó como socio local del grupo empresario catalán en la TPR.
Posteriormente, Shanahan prestó declaración y realizó confesiones públicas sobre el esquema de inversión de dinero no declarado en Argentina, detallando la circulación de fondos provenientes de negocios en España mediante fideicomisos, sociedades extraterritoriales y cuentas en paraísos fiscales.
La hipótesis de los investigadores indica que las estructuras societarias, financieras y de testaferros diseñadas en el marco de aquella causa en Barcelona habrían continuado operativas para reciclar fondos de origen ilícito.
Corrupción y narcotráfico
Shanahan fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión domiciliaria tras probarse que utilizaba una cueva financiera en la city rosarina para comercializar dólares blue con sobreprecio a bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, entre ellas la red del recluso peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.
Los nuevos procedimientos fueron autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros. La investigación es impulsada por los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina (Procelac), junto a los fiscales Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené (Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Rosario).
La Justicia sostiene que el entramado apuntaba al reciclaje de capitales provenientes de la venta de estupefacientes en el fuero local y también al blanqueo y resguardo de activos provenientes de la corrupción corporativa y negocios internacionales vinculados a la trama de Barcelona. Con las órdenes de detención dictadas y los embargos en marcha, se busca desarticular el circuito financiero ilícito y congelar el patrimonio montado a partir de estas maniobras.