El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita en el que afirma que los US$565.000 en efectivo declarados a inicios de 2023 provienen de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin. Especialistas consultados señalaron limitaciones en la acreditación de la titularidad y dudas sobre las operaciones.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita un escrito en el que asegura que los dólares en efectivo declarados como parte de su patrimonio provienen de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin. Según la presentación, Adorni tenía declarados US$565.000 en efectivo al inicio de 2023, suma que se redujo a US$513.000 al cierre de ese año, y la defensa atribuye principalmente esa reducción a la venta de criptomonedas.
En el documento, con el patrocinio del abogado Matías Ledesma, Adorni sostuvo que invirtió en bitcoins entre 2014 y 2018, que distribuyó el dinero en ocho wallets y que vendió los activos antes de asumir la función pública. La versión se conoció en junio durante un reportaje que Adorni concedió a José del Río, con la causa judicial por enriquecimiento ilícito ya avanzada. La información se incorporó casi de inmediato a sus declaraciones juradas mediante una rectificación que modificó las anteriores, en las que nunca se había informado ese dinero.
Según la explicación presentada, las primeras compras de Bitcoin comenzaron en octubre de 2014 y se realizaron con ahorros personales por un total de US$1.897,20. La defensa sostuvo que en ese momento había menos plataformas de intercambio y que el dinero utilizado provenía de fondos que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, mantenían fuera del sistema financiero. Por eso, el exfuncionario se encontraba personalmente con los vendedores: ellos transferían los Bitcoin y él entregaba el efectivo.
La modalidad se habría repetido en los años siguientes. Según el detalle del escrito, más del 99% del capital destinado a la compra de Bitcoin, unos US$199.883,20, fue invertido en 2017. La defensa aseguró que las operaciones se pactaban con anterioridad y que los encuentros se realizaban en lugares públicos, sin que las partes se identificaran entre sí. La misma mecánica se habría utilizado luego para vender los Bitcoin: los compradores entregaban dólares billete y Adorni transfería los activos, sin intervención de exchanges, bancos ni otros intermediarios.
Fernando Molina, especialista consultado, señaló que las operaciones entre particulares en lugares públicos no eran extrañas para la época, cuando el mercado de Bitcoin era más pequeño y era habitual concretar una operación en un café. No obstante, consideró llamativa la magnitud de algunas operaciones. «Declara que no conoce a ninguna de las personas con las cuales interactuó y no movió poco dinero. Hay un caso, de junio de 2017, donde habría comprado US$110.000 (40 BTC). Es llamativo juntarse con un desconocido en la vía pública con esa cantidad de dinero en efectivo. No deja de ser Argentina», ironizó.
Matías Gallardo, vocero de Ecosystem Growth de EverValue, coincidió en que en aquellos años «era habitual comprar Bitcoin de manera P2P, es decir, reuniéndose en lugares públicos y pagando en efectivo, porque existían menos exchanges y opciones bancarias». Al igual que Molina, advirtió que esta modalidad estaba extendida para transacciones pequeñas. «Una operación de aproximadamente US$140.000 no era habitual. Por su magnitud, habría sido una transacción OTC excepcional, con riesgos importantes y que normalmente requería mayores medidas de seguridad y respaldo documental», sostuvo.
En cuanto a la titularidad de las ocho billeteras, Ledesma buscó acreditarla mediante la firma de un mensaje desde cada una de las direcciones con la clave privada, en un procedimiento constatado ante una escribana pública. Según el escrito, Adorni ingresó a cada una de las ocho billeteras, firmó un mensaje y posteriormente entregó a la Justicia las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, que solo podrá abrirse si fuera requerido durante la investigación. Además, se precisó que las ocho wallets tuvieron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y que fueron íntegramente liquidadas antes del inicio de la función pública.
Los especialistas consultados señalaron limitaciones en este mecanismo de acreditación. Molina explicó que la firma de un mensaje demuestra que una persona tiene actualmente acceso a una billetera, pero «no hay forma de constatar que tuvo acceso a la wallet en el 2014 o 2017». Gallardo coincidió en que la firma permite confirmar que quien la realizó controla actualmente la billetera, pero «no demuestra por sí solo cuándo o cómo adquirió los fondos ni que haya sido su propietario».
Consultado sobre la posibilidad de que Adorni hubiera tenido acceso a estas billeteras en el último tiempo, una vez que explotó el escándalo, Molina respondió: «Correcto. Tranquilamente le podrían haber prestado la wallet o habérsela vendido. Sería la primera vez que escucho algo así, pero tampoco me parece tan loco».