El bloque presentó objeciones al proyecto del Ejecutivo municipal que modifica la Ordenanza 10.544. Cuestionan las tasas aplicables, la tarifa mínima, la ausencia de viajes en moto y las facultades de control en tiempo real. El concejal Juan Pedro Aleart afirmó que buscan ‘habilitar una actividad privada con reglas claras y libertad’.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Municipal de Rosario presentó observaciones al proyecto del Ejecutivo que modifica la Ordenanza 10.544, vinculada al esquema de plataformas de taxis y remises. Los ediles sostienen que la iniciativa oficial perjudica a usuarios y trabajadores de las aplicaciones de transporte.
«Así como está perjudica a quienes usan las aplicaciones y a quienes trabajan con ellas. Ellos quieren regular; nosotros queremos habilitar», remarcaron desde el espacio político.
Uno de los principales cuestionamientos está en las tasas. El texto no crea hoy una tasa específica para las aplicaciones, pero las obliga a cumplir con las tasas municipales que resulten aplicables conforme a la normativa vigente. Para el bloque, esa redacción deja abierta la puerta a que futuras modificaciones tributarias alcancen a la actividad.
También cuestionaron la tarifa mínima, ya que el Ejecutivo pretende impedir que un viaje pueda costar menos que el boleto del transporte urbano. LLA plantea libertad tarifaria, determinada por la oferta y la demanda: el usuario conoce el precio y decide si lo acepta.
A eso se suma que el proyecto no incorpora expresamente los viajes de pasajeros en moto, modalidad que sí contempla la iniciativa presentada por el espacio y que hoy es muy utilizada por los rosarinos.
Otro punto central es el artículo 14, que le otorga a la Secretaría de Movilidad amplias facultades para controlar en tiempo real oferta, demanda, recorridos, costos, kilómetros, horas trabajadas y otras variables del sistema.
Para los libertarios, el problema es que el municipio pueda intervenir sobre variables propias del funcionamiento económico de una actividad privada. «Cada vez que el Estado se mete genera un problema que antes no existía. Habilitar sí, sobrerregular no», plantean desde el bloque.
El concejal Juan Pedro Aleart sostuvo: «El Ejecutivo quiere regular hasta el último detalle; nosotros queremos habilitar una actividad privada con reglas claras y libertad. Ya fracasaron con la normativa de 2023 y van camino a repetir el mismo error».
Franco Volpe, presidente del bloque, agregó: «No tiene sentido hablar de habilitación y al mismo tiempo dejar abierta la posibilidad de nuevas tasas, imponer una tarifa mínima y sumar requisitos que pueden terminar haciendo inviable el sistema».
Lautaro Enríquez sumó su mirada: «Los rosarinos ya eligieron las aplicaciones. La discusión no es si existen o no: es si vamos a habilitarlas o a llenarlas de regulaciones».
Anabel Lencina señaló: «Hay personas que necesitan de estas aplicaciones para trabajar y llevar adelante sus proyectos. Por eso tenemos que hablar de libertad para trabajar, de innovación y de desarrollo».
Samanta Arias agregó: «Rosario no puede seguir legislando el futuro con reglas pensadas para el pasado. La tecnología ya cambió la forma en que nos movemos y trabajamos. El desafío es acompañar esa transformación con reglas simples que permitan innovar, crecer y elegir libremente».
Las diferencias también tienen que ver con lo conceptual: mientras el Ejecutivo propone modificar la Ordenanza 10.544, vinculada al esquema de plataformas de taxis y remises, LLA plantea una ordenanza específica y moderna para la movilidad privada por aplicaciones.
