El organismo solicitó a la Justicia que se incorpore al expediente el artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, que prevé penas más severas que la Ley de Maltrato Animal. El hecho ocurrió en septiembre en un barrio privado de Nordelta.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó que el ataque a un grupo de carpinchos ocurrido en septiembre en un barrio privado de Nordelta sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre.
El organismo, conducido por Guido Lorenzino, pidió a la Justicia una imputación más grave para Sebastián Favre, un ex piloto de avión de 49 años que disparó con un arma contra los animales. La causa por maltrato y crueldad animal (Ley N° 14.346) tramita en la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.
La Defensoría requirió que se incorpore y analice la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna. Según el planteo, esa norma contempla penas más duras por la captura y comercialización de especies prohibidas. La condena prevista es de dos meses a dos años de prisión y hasta cinco años de inhabilitación especial; en los supuestos agravados, la escala se eleva de cuatro meses a tres años de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.
El organismo entiende que el caso podría quedar alcanzado por la figura agravada, con una inhabilitación para el uso de armas de caza. En el documento aclaró que se trataría de un delito excarcelable, aunque consideró que una eventual sanción "resultaría ejemplificadora".
Uno de los argumentos centrales es que no sería necesario comprobar que alguno de los disparos alcanzó a los carpinchos para analizar la conducta bajo la legislación de protección de la fauna silvestre. La Defensoría sostiene además que el carpincho no está incluido entre las especies cuya caza se encuentra habilitada en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, está alcanzado por el régimen de protección de la fauna bonaerense.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca que se investigue dónde se produjeron los disparos, ya que el Código Rural establece prohibiciones específicas para la caza en zonas urbanas o suburbanas y en lugares habitualmente concurridos por público.