El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Olga Concepción Artale de Silva, acusada de supresión y alteración del estado civil de dos mujeres y falsedad ideológica de instrumento público. La Fiscalía y la querella pidieron la elevación a juicio y solicitan colaboración para identificar a las posibles madres biológicas.
El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de una médica obstetra de 87 años de edad, identificada como Olga Concepción Artale de Silva, por considerarla presunta autora de los delitos de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con el delito de falsedad ideológica de instrumento público. Las damnificadas son dos mujeres que tenían dudas sobre sus orígenes y denunciaron la situación por separado, pero las causas se resolvieron conjuntamente ante la coincidencia de la identidad de la imputada. La Fiscalía y la querella formalizaron el requerimiento de elevación a juicio y solicitaron la colaboración de la población para dar con datos que permitan ubicar o identificar a las posibles madres biológicas.
La novedad procesal en esta causa no tiene vinculación con la investigación penal que tomó estado público en la última semana y tiene como imputada a otra partera de 88 años de edad identificada como D.E.V., conocida como “Dolly”, a quien le atribuyen la supresión de identidad de una beba registrada como nacida en 1970. En ese expediente se indaga también sobre la situación de otras siete personas nacidas entre 1968 y 1980, período en el cual la imputada trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña.
En este caso, la resolución judicial ratificó la validez de los elementos probatorios recabados por el Área Investigación y Litigio Casos Complejos, oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo de la fiscal Soledad García, con intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, a través de los cuales se acreditó que la profesional, identificada como Olga Concepción Artale de Silva, extendió certificaciones médicas ideológicamente falsas para dar apariencia de legalidad a filiaciones biológicas inexistentes.
El juzgado destacó que la conducta atribuida “excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes”.
Recientemente, la parte querellante, representada por la abogada particular Julia Giordano, y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación de la causa a la etapa de juicio oral.
Historias entrelazadas
La investigación penal se originó a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes indicaron que sabían que no eran hijas biológicas de quienes en sus partidas de nacimiento aparecían como madre y padre.
Ana Carolina Alzugaray creció en la localidad de Maciel, donde la criaron Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, como madre y padre, aunque siempre le hicieron saber que no era su hija biológica. Sin embargo, esa verdad biológica no se condecía con su partida de nacimiento, en la que la partera Artale de Silva aparece dando fe de una falsedad, donde indica un vínculo biológico inexistente.
Ana supo por los relatos de José Alzugaray que el contacto lo hicieron a través de la hermana de Olga —Susana A.— con quien Clorinda Ceresole tenía relación, y que fue entregada a su familia adoptiva en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario.
La víctima se puso en contacto con Olga en varias oportunidades para solicitarle información sobre su progenitora, pero en todas ellas la mujer le respondió que no recordaba esa historia, que dejara de molestarla.
Así, Ana emprendió un camino de búsqueda de su identidad biológica que lleva 30 años, tiempo durante el cual pudo conocer que no era la única en esa situación. En esas circunstancias conoció a Romina Elisabet Lobos, quien, a diferencia de ella, supo ya siendo adulta que no era hija biológica de quienes la criaron como madre y padre.
Su partida de nacimiento comparte la misma falsedad que la de Ana: Artale de Silva como partera dio fe de un vínculo biológico que no existe entre ella y quienes la criaron, Esther Candusso y José Francisco Lobos.
En ambos casos, al momento de la entrega de los bebés a sus familias adoptivas, la partera ahora procesada les entregaba un certificado de nacido vivo con su firma, que luego era utilizado para la inscripción en el Registro Civil.
A partir de distintos contactos con organismos estatales, pudieron saber que la obstetra ya había sido mencionada por atender partos de manera clandestina y expedir certificados que permitieron a las parejas inscribir niñas y niños con una identidad biológica falsa.
Las víctimas presentaron las denuncias en la justicia federal entre 2022 y 2023, constituyéndose como querellantes. Sus causas fueron acumuladas en el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien delegó la pesquisa a la Fiscalía. Tras la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), en mayo de 2024, la investigación fue asignada al Área Investigación y Litigio Casos Complejos, oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas.
Pericias científicas
Para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía consideró indispensable obtener perfiles genéticos. El juzgado autorizó la extracción de muestras biológicas, tareas encomendadas al Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para realizar un cotejo del perfil de las mujeres con sus padres adoptivos.
Los informes periciales fueron concluyentes. En ambos casos se descartó la existencia de vínculo biológico entre los causantes y las damnificadas, con lo cual se confirmó la alteración material de la filiación de las víctimas.
“Olvidos involuntarios”
Al comparecer por el caso de Romina Lobos en mayo de 2025, Artale de Silva rehusó declarar. Alegó padecer “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” a raíz de un antiguo accidente laboral y un traumatismo reciente.
Frente a ese requerimiento, el Tribunal ordenó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. El primer examen determinó que presentaba un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial.
Por su parte, la abogada querellante se opuso debido a que el test no explicitaba si el cuadro clínico era transitorio o permanente. En diciembre de 2025 el juzgado suspendió el trámite y fijó un reexamen.
En marzo de 2026 se realizó la segunda evaluación, la cual determinó que la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve”, lo que modificó el criterio anterior, y que poseía las condiciones para la comprensión de la causa penal.
Sobre la base de ese dictamen, el juzgado reanudó el trámite y el 2 de julio de 2026 le recibió declaración indagatoria por el caso vinculado a Ana Carolina Alzugaray.
Supresión de identidad
El 3 de agosto el juzgado dictó el procesamiento de la obstetra. En la resolución se puntualiza que su accionar excede la consideración de una mera anomalía de carácter administrativo. Por el contrario, se constató una utilización consciente de sus facultades profesionales para introducir declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar la filiación de las personas.
Su intervención resultó una condición indispensable para engañar al Registro Civil y consolidar una filiación inexistente. De este modo, se impuso una situación jurídica permanente que suprimió la verdadera identidad biológica de ambas menores de edad.
El juzgado ordenó mantener la libertad ambulatoria de la médica, ya que no se verificaron modificaciones en los riesgos procesales que justificaran el dictado de la prisión preventiva. La querella y el Ministerio Público Fiscal, atento encontrarse firme el auto de procesamiento dictado, solicitaron la elevación de la causa a juicio.
Colaboración
Se solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la población en general para convocar a aquellas mujeres posibles madres biológicas de Romina Elisabet Lobos y de Ana Carolina Alzugaray, que hayan dado a luz en las fechas próximas a las que constan en sus partidas de nacimiento.
Ambos casos tramitan en el Área de Casos Complejos – Económicos – Trata de personas. Para brindar información, deberán hacerlo al teléfono 341-2859127 o al mail [email protected], donde recibirán el asesoramiento adecuado del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.
Fuente: MPF