La Cámara de Diputados sancionó la ley que modifica la Defensa Pública Penal y votó con cambios el proyecto contra el comercio ilegal de celulares; difirió por una semana el tratamiento de la reforma a seis leyes de seguridad.
La Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó este jueves la ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal, y votó con algunos cambios el mensaje del Poder Ejecutivo para tratar de cortar el negocio de teléfonos celulares robados. En tanto, difirió, en principio por una semana, el tratamiento de la reforma a seis leyes propuestas en la llamada Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.
Defensa Pública Penal
El mensaje sobre el sistema público de Defensa Penal obtuvo 34 votos positivos y 13 abstenciones correspondientes al justicialismo, a la izquierda y a Inspirar. Los diputados Lucila De Ponti y Fabián Palo Oliver fundaron la postura. Palo Oliver cuestionó que en el sistema de Defensa conviva la atención a las víctimas y la atención a los propios policías si incumplieron con el deber.
El texto votado faculta a la Defensa a crear unidades especiales —entre ellas para defensa de policías— y dispone añadir ocho cargos de Defensor Público.
Comercio ilegal de celulares
En votación dividida, la Cámara aprobó el mensaje que apunta a conformar un sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, iniciativa que apunta especialmente a evitar el robo de aparatos de telefonía celular y el negocio irregular que se genera tras ese delito. El oficialismo, acompañado en general por los diputados «celestes», reunió 35 votos contra 11 de rechazo del peronismo y la izquierda para votar el dictamen que reforma algunos textos y lo devolvió en revisión al Senado.
Los bloques Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar (votos celestes) si bien votaron en general, rechazaron algunos artículos.
El radical José Corral fue el encargado de fundamentar el proyecto al que definió como otra herramienta para brindarle al Poder Ejecutivo para avanzar en las políticas de seguridad pública. «Proponemos algunas reformas al texto votado por el Senado para mejorar el sistema que apunta a desactivar uno de los hechos más preocupantes de la seguridad que es el robo de teléfonos celulares y su comercialización en un mercado ilegal», explicó.
Ximena Sola (Pro), Lionella Cattalini (PS) y Martín Rosúa sumaron argumentos desde el oficialismo. Celia Arena, Marcos Corach y Alejandra Rodenas cuestionaron desde el justicialismo. «Este proyecto es la punta del iceberg del monstruo que está apareciendo», dijo la ex vicegobernadora.
El sistema crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de esos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.
La base es la facultad policial de solicitar el IMEI o identificador único equivalente del dispositivo telefónico para determinar si fue adquirido en forma legal o ilegal. Desde la oposición o de sectores que acompañaron con reservas el texto se advirtió la posibilidad de que la policía ingrese a los datos de la línea telefónica y acceda a información privada.
«Las personas están obligadas a exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos a requerimiento de autoridad competente», dice un artículo que fue cuestionado por toda la oposición y votado solo por Unidos.
Herramientas para la seguridad pública
El mensaje que propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, más una amplificación de facultades policiales para casos especiales, debía tener dictamen de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, que realizaron dos audiencias para escuchar posturas sobre el tema, y no pudo emitir dictamen este jueves más allá de un cuarto intermedio solicitado por Unidos para demorar la continuidad de la sesión.
Hasta el momento, las diferencias están en el seno de Unidos y los bloques opositores todavía no opinaron más allá de que el interbloque justicialista y el Frente Amplio por la Soberanía ya anticiparon que votarán por el rechazo.
El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron con el bloque de diputados de Unidos y ratificaron que para la Casa Gris es importante votar el texto enviado el 14 de mayo. Los representantes radicales del oficialismo respaldaron la postura mientras que en el socialismo hay reparos a varios de los artículos, especialmente a cederle mayores facultades a la policía y crear zonas especiales de actuación policial.
Las diferencias fueron demorando el inicio de la sesión hasta que finalmente el oficialismo resolvió solicitar la renovación del tratamiento preferencial para el jueves venidero. «Sin algunos cambios, no estamos dispuestos a acompañar; sí vamos a seguir dialogando para darle herramientas al Ejecutivo. Diálogo, diálogo, diálogo», dijo el jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco al retirarse de la Legislatura.