El Decreto 1296/2026 ratificó la continuidad del refuerzo para jubilados de menores ingresos. Según datos oficiales, el monto fijo perdió capacidad de compra frente a una inflación acumulada superior al 159% en el período.
El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se mantiene sin actualización por inflación desde su implementación en marzo de 2024, lo que acumula 32 meses consecutivos de congelamiento.
De acuerdo con números oficiales relevados a finales de octubre de 2026, el extra perdió el 70% de su capacidad de compra original. En el período comprendido entre marzo de 2024 y el último registro estadístico del Indec, los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%.
Para recuperar el mismo valor adquisitivo que tenía al momento de su puesta en marcha, los $70.000 nominales deberían alcanzar hoy los $231.253. Esta diferencia implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo deja de recibir $161.253 por mes debido a la falta de actualización del refuerzo.
El peso relativo del bono dentro del ingreso de los adultos mayores también registró variaciones. En marzo de 2024, el concepto equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que elevó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a representar el 13,6% del total percibido, lo que fija un ingreso bruto final de $514.158,45.
El haber base se actualiza de manera mensual atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago. La decisión de mantener el bono en $70.000 establece un desfasaje entre la actualización de los haberes y el refuerzo, que no acompaña la suba de los precios generales ni la de los propios haberes de base.
Como consecuencia de este esquema, los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC. Reclamos en el ámbito judicial e informes del sector advierten sobre la confiscatoriedad del bono congelado y el deterioro de los ingresos de jubilados y pensionados en todo el país.