El gobierno de Javier Milei disolvió la AFI y restituyó la Secretaría de Inteligencia (SIDE), con modificaciones en su estructura y facultades. Un DNU otorgó a los agentes la posibilidad de detener personas sin orden judicial. Organismos de derechos humanos y legisladores presentaron denuncias por el uso de fondos reservados.
El Poder Ejecutivo dispuso la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la restitución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante reformas normativas. Entre ellas se incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modificó artículos de la Ley de Inteligencia y otorgó a los agentes la facultad de detener a personas sin orden judicial previa ante supuestos delitos en flagrancia o en tareas específicas de inteligencia.
El periodista Pedro Lacour, autor del libro Los espías de Milei, declaró a Tiempo Argentino que “para pensar cómo utiliza Milei la SIDE hay que pensar cómo la utiliza Santiago Caputo”. Según Lacour, Caputo “logró hacerse con el manejo político de los servicios desde julio del 2024” y, a partir de entonces, “primero con Sergio Neiffert y ahora con Cristian Auguadra, le dio una impronta propia, pero sobre todo después de la salida de Neiffert, que fue en diciembre del año pasado”.
Lacour sostuvo que “se termina de consolidar esa propaganda de Caputo, que es básicamente querer hacer a la SIDE una suerte de CIA que se dedique ya no a la inteligencia interior sino a lo que tiene que ver con operaciones extranjeras de contraespionaje”. El periodista también señaló el cierre de delegaciones en el interior del país, entre ellas las de Formosa, Tucumán, Rosario, Corrientes, Mar del Plata y Bahía Blanca.
En el plano internacional, el gobierno orientó la cooperación en materia de inteligencia hacia Estados Unidos e Israel, con prioridad en la contención de la influencia de China y Rusia en la región, según la nota original.
El DNU 941/2025 generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos. La oposición no reunió los votos en el Congreso para derogarlo, a diferencia de lo ocurrido con el DNU 656/2024, que asignaba 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE y fue rechazado por ambas cámaras en 2024.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que los fondos adicionales otorgados a la SIDE se utilizan “sin justificación legal alguna y con absoluta discrecionalidad”. El socialista Esteban Paulón presentó una denuncia por presunto uso indebido de fondos ante la Comisión de Supervisión de Organismos de Inteligencia, en la que sostiene que parte de los gastos reservados se destinó a financiar viajes al exterior con fines turísticos.
Asimismo, existen cuestionamientos sobre informes y filtraciones que apuntan al monitoreo y ciberpatrullaje sobre periodistas, opositores políticos, sindicalistas, economistas, activistas y grupos de jubilados movilizados.
Lacour advirtió que “la SIDE para Caputo es como su gran juguete, pero si rascás un poco, ves que los grupos que históricamente están, que tienen que ver con la cuestión política, con placas tectónicas de personas que sobreviven gobierno a gobierno, eso sigue existiendo”. Y agregó: “se abre una incógnita a ver qué va a pasar a partir del 1° de enero, cuando empiece a regir el nuevo estatuto del espía, que va a ser básicamente el ingreso que va a permitir ahora la SIDE, como si fuera Cancillería”.