El oficialismo de Unidos busca aprobar este jueves una docena de modificaciones a normas para agilizar procesos judiciales. La sesión fue postergada la semana pasada por diferencias internas entre socialismo y radicalismo.
La Cámara de Diputados de Santa Fe trata este jueves un paquete de una docena de modificaciones a normas para agilizar los procesos judiciales en la lucha contra la inseguridad. El proyecto ingresó en mayo y el oficialismo de la alianza Unidos busca su aprobación tras superar diferencias internas entre el socialismo y el radicalismo.
La sesión prevista para la semana pasada fue postergada con el objetivo de alcanzar un consenso para este jueves. Según fuentes del oficialismo, las partes se reunieron este miércoles desde la tarde hasta la noche para debatir punto por punto el paquete.
“Se dejó lo ideológico y fuimos al texto, y la verdad es que no hay tantas diferencias”, declaró uno de los negociadores de la reforma.
El miércoles, el radicalismo y el gobernador Maximiliano Pullaro se refirieron al tema durante la Expo Seguridad. “Tengo mucha expectativa de que saldrán muchas de las leyes que hemos mandado”, afirmó Pullaro. Y agregó: “Por supuesto, algunas pueden ser mejoradas. Pero necesitamos que salgan las leyes porque la seguridad pública las necesita”.
Consultado sobre las diferencias internas, el gobernador sostuvo: “Quiero ser claro: no hay tensión en el frente Unidos, hay miradas que a veces no son iguales y eso tampoco está mal, porque eso nos da fortaleza”.
En las últimas dos semanas se registraron declaraciones públicas entre referentes de la alianza. El presidente del Senado, el radical Felipe Michlig, reclamó la aprobación de las normas, y la diputada socialista Lionella Cattalini pidió calma.
Del último borrador se quitaron dos puntos que generaban resistencias: el interrogatorio en los primeros momentos investigativos y las zonas de intervención especiales para controlar un área o barrio en emergencia. El socialismo apuntó principalmente a no otorgar un exceso de poder a la policía en esos aspectos.
Entre los puntos que se debaten se incluyen: allanamiento sin autorización judicial, la declaración informativa (el fiscal podrá tomar simple declaración a las personas que aparecieran vinculadas), juicio en rebeldía, medidas no privativas de libertad de escasa afectación y modificación del sistema de recompensas.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se refirió a las observaciones jurídicas sobre posibles límites constitucionales: “La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Hablamos de garantías constitucionales, menos de las que tienen los ciudadanos para que no los maten”.
Según registros del gobierno provincial, las medidas más duras en seguridad cuentan con alta aprobación, algunas superando el 70%, incluso sobre el rumbo en la materia del gobernador.