El camarista Javier Beltramone hizo lugar a la apelación de la empresa Ar Zinc y dejó sin efecto la resolución de primera instancia que le exigía iniciar tareas de remediación en un predio con 800.000 toneladas de residuos tóxicos. El expediente fue devuelto al fuero civil y administrativo.
El juez de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, Javier Beltramone, revocó íntegramente la resolución del juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, del 25 de septiembre pasado, que ordenaba a la empresa Ar Zinc (ex Sulfacid) iniciar tareas de saneamiento y contención ambiental en su planta de 50 hectáreas ubicada entre la Ruta Nacional 11 y el río Paraná, en Fray Luis Beltrán.
La medida de primera instancia había sido dictada a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, quien solicitó una medida cautelar innovativa ante el riesgo de desmoronamiento de la barranca y filtración de residuos tóxicos. El fallo ordenaba a la empresa estabilizar la barranca, cubrir los depósitos de jarosita, elaborar un cronograma de obras de remediación en un plazo máximo de ocho meses, con reportes quincenales y cerramiento perimetral.
La empresa apeló con el patrocinio del abogado Jorge Resegue, argumentando que la Justicia Penal invadía competencias técnicas, modificaba plazos de contratos ya firmados y exigía soluciones ambientales no definidas por el Ministerio de Ambiente provincial. Beltramone hizo lugar a esos argumentos y sostuvo que la cautelar imponía "una estructura de prestaciones de significativa complejidad" que excede la competencia del fuero penal. Añadió que "la medida terminó por trasladar a una incidencia penal la programación, dirección y supervisión de tareas que demandan aprobaciones administrativas, decisiones de ingeniería y verificación permanente", sin "una justificación técnica suficiente".
El fallo de segunda instancia indica que el fiscal no precisó qué delito específico se habría cometido ni quiénes serían los directivos imputables, y cuestiona que se equipare el incumplimiento de deberes ambientales con un ilícito penal. Beltramone aclaró que su resolución "no minimiza el peligro ambiental ni dispensa a Ar Zinc del cumplimiento de sus deberes", y remitió la fijación de órdenes y plazos al juez civil que tramita un amparo ambiental por el mismo motivo desde 2020, así como a lo que aporten el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos.
El predio contiene aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos, entre ellos jarosita, plomo, cadmio y arsénico, que según especialistas se filtran a las napas y drenan hacia el río. La planta operó hasta 2016 bajo la órbita de la multinacional Glencore, que fue dueña de Ar Zinc entre 2005 y ese año. En 2021 la empresa pasó a manos de Integra Capital, grupo liderado por José Luis Manzano. Desde el municipio de Fray Luis Beltrán y la querella señalaron que Integra Capital absorbió los terrenos y activos comprometiéndose al pasivo, mientras que Glencore mantendría responsabilidad solidaria en los ámbitos civil y penal por el daño ambiental acumulado.