En la sesión convocada por el oficialismo para tratar, entre otras cosas, una serie de ascensos diplomaticos y militares y un cambio en el código penal para tipificar la “sustracción y/o comercialización” de menores de edad, fracasó el intento del kirchnerismo de avanzar en la sanción de la recomposición jubilatoria. Con la ayuda de la UCR, los libertarios lograron sortear el pedido opositor y consiguieron frenar el proyecto que mejora en un 8,1% la paga a los jubilados e instala una nueva fórmula de movilidad previsional. Esta reforma pone contra las cuerdas el ajuste de la administración económica de Javier MIlei, quien anticipó que la vetará.
En una jugada que ya habían anticipado algunos de sus referentes, el bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa que combina una actualización de los haberes jubilatorios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados -aprobado con dos tercios de sus miembros- y comenzó a discutirse este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión del Senado, pero todavía no cuenta con despacho.
Por eso, el kirchnerismo debió reunir una mayoría especial para incluir al temario de la sesión este proyecto, algo que no logró. En cambio, el titular de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), interpuso una moción para incluir en la próxima convocatoria al pleno del recinto el proyecto con despacho para evitar dilaciones. Este pedido logó ser aprobado con 37 votos positivos frente a 31 negativos, situación que desató un largo planteo de UxP en torno a las adhesiones que cosechó. Mayans argumentó que el pedido fue rechazado dado que el senador de la UCR solicitó incluir el proyecto de reforma jubilatoria con o sin dictamen. “Algo que exige el aval de dos tercios de los presentes”, indicó.
Antes de votarse, no obstante, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, aclaró que, en función de la mayoría obtenida, el proyecto se incluiría con o sin despacho en la próxima sesión. La mención de Giustinian consiguió sortear las quejas que el kirchnerismo le dirigía a Bartolomé Abdala (San Luis), presidente provisional del Senado, quien hoy reemplaza a Villarruel al frente de la sesión. Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirmaron a este medio que su ausencia se debe a una gripe.
“O le pagamos $300.000 pesos a partir de ahora o no tienen forma de subsistir. En vez de dilatar esto, tratémoslo ahora y después hablemos de todo el sistema previsional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Garanticemos un ingreso básico para los jubilados. Y después de siete meses, debatamos cómo se le va a devolver a las provincias la deuda previsional que tienen”, dictaminó Mayans cuando tomó la palabra.
Tras ello, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) tomó la palabra para sortear la embestida kirchnerista. “Ayer en la reunión de comisiones no vi ningún senador que quiera dilatar el tratamiento de recomposición de los haberes jubilatorios. Me parece irresponsable que, queriendo hacer un juego para la tribuna, la oposición precipite un tratamiento intempestivo sin elementos. Va en contra de la Ley de Administración Financiera, que dice que los proyectos tienen que indicar la forma de financiamiento”, señaló. Acto seguido, planteó que la próxima semana, el plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión coordine una audiencia con técnicos que detallen las alternativas para costear la propuesta.
Si bien en Diputados la UCR unió fuerzas con el kirchnerismo y otros bloques para darle luz verde a la recomposición jubilatoria, los correligionarios del senado evitaron sumarse a la jugada de UxP. En cambio, le concedieron un tiempo de gracia al Gobierno para discutir la propuesta en comisiones. Se espera, no obstante, que acompañen el proyecto en el recinto cuando obtenga el despacho correspondiente. Para justificar esta contradicción, el radicalismo de la Cámara alta emitió un comunicado en el que se despegó tanto de la oposición intransigente como del oficialismo: “Ni de la mano del populismo ni con falta de empatía, proponemos debate, trabajo serio y propuestas razonables”, señalan en el texto que titularon “El kirchnerismo impidió que se trate con preferencia para la próxima sesión el aumento a los jubilados”.
Para la OPC, el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados es “fiscalmente responsable”: de convertirse en ley, la recomposición prevista tendrá un impacto del 0,43% del PBI. No obstante, el Presidente ya anticipó que, de convertirse en ley, vetará la iniciativa.
El veto presidencial está previsto en la Constitución Nacional, aunque con límites. Si el Presidente decidiera desechar la ley, cada una de las Cámaras puede igualmente insistir con su sanción si logra reunir para ello a los dos tercios de los miembros presentes. Si bien son mayorías difíciles de conseguir, Diputados ya la obtuvo y en el Senado se podrían replicar estos números con el acompañamiento del radicalismo, el kirchnerismo y lo bloques provinciales.
El proyecto define un ajuste mensual por inflación e incluye una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al IPC, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
La iniciativa también fija un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas de Diputados fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.