El fiscal Gustavo Torres Rubelt pidió que el Juzgado de Ejecución y Detenidos revierta la decisión tomada el 15 de enero, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria por 30 días a Lautaro Teruel, quien cumple una condena por abuso sexual en perjuicio de dos víctimas, una de ellas menor de edad.
En 2021, el Tribunal de Juicio de Salta condenó a uno de los hijos del integrante del conjunto folclórico Los Nocheros, Mario Teruel, a 12 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual. Sin embargo, en enero de 2025, el Juzgado de Ejecución le concedió la prisión domiciliaria por una presunta afección en el dedo de su pie izquierdo, basándose en informes médicos que recomendaban evitar el hacinamiento y ofrecerle cuidados especiales.
Lautaro Teruel juicio
El fiscal Torres Rubelt consideró que la resolución fue errónea, ya que la junta médica que debía determinar la gravedad de la situación no se llevó a cabo. Subrayó que la ausencia de la junta no justificaba, por sí sola, la medida de prisión domiciliaria. Además, destacó que, de no contar con el servicio médico del Poder Judicial para realizarla, el juez debió buscar otro profesional con urgencia, como los de Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El abogado defensor de Teruel, Juan Casabella Dávalos, había argumentado que el acusado sufrió una «gravísima recaída infecciosa» en su dedo. Según su diagnóstico, el riesgo de necrosis y complicaciones graves requería que fuera derivado al Hospital San Bernardo. Este cuadro, según el abogado, justificaba la solicitud de prisión domiciliaria para evitar los retrasos burocráticos que implicaría el traslado.
Desde el Poder Judicial de Salta confirmaron que, debido a las complicaciones de salud de Teruel, existe la posibilidad de que tenga que amputarse el dedo o incluso el pie. Sin embargo, el fiscal cuestionó la falta de pruebas sobre la gravedad del diagnóstico y la ausencia de controles adecuados sobre su situación, como el monitoreo electrónico.
Torres Rubelt presentó un recurso de revocatoria ante el mismo juzgado y, en caso de no ser aceptado, añadió una apelación en subsidio. Además, solicitó el traslado de Teruel a las instalaciones del Servicio Penitenciario, argumentando que la prisión domiciliaria debe ser una excepción y no la regla, conforme a la legislación vigente.
El fiscal también señaló que la resolución judicial carecía de los fundamentos necesarios, subrayando que no se demostró que la prisión preventiva en la Unidad Carcelaria N° 1 impidiera que Teruel recibiera el tratamiento adecuado, ni que existiera hacinamiento o falta de espacio dentro del servicio penitenciario para alojarlo de forma adecuada.
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