Los contribuyentes, empresarios y ciudadanos, en general, venimos haciendo desde hace años un gran esfuerzo económico, ya sea tratando de incrementar los ingresos, reduciendo los gastos, o ambos, para cumplir distintas metas (pagar sueldos, proveedores, pagar las cuentas del hogar, el supermercado, la canasta escolar, etc.) e incluso sobrevivir, en una economía que no ha sido nada fácil.
El año pasado nos sorprendió gratamente con algunos sucesos atípicos —muy positivos—, gestados por el Gobierno nacional y su equipo económico. El primero fue la abrupta baja de la inflación, el más perverso de todos los impuestos, que afecta más a los que menos recursos tienen. Junto con esto último, se corrigió y logró mantener estable el tipo de cambio.
La baja de impuestos del Gobierno revoluciona a las provincias
Luego vino la reducción del impuesto sobre los bienes personales y la eliminación del impuesto PAIS a fines del 2024.
La moratoria y el blanqueo también fueron soluciones muy inteligentes para generar recaudación y circulación de fondos que estaban debajo del colchón y sin declarar.
Más recientemente, se conoció la reducción temporal de retenciones a la exportación, un impuesto muy distorsivo, que casi no existe en el mundo, y que atenta contra la expansión internacional de nuestro país.
Hace prácticamente horas conocimos la decisión del Gobierno de bajar los impuestos que afectan a automóviles y motocicletas, para reducir los precios de estos bienes.
Se escuchan también rumores en torno a una reducción del impuesto «al cheque».
La clave para facilitar estas medidas, que parecían una ironía meses atrás, ha sido la eliminación del déficit fiscal. Dicho bien sencillo: poner las cuentas en orden, no gastar más dinero del que ingresa, como cualquiera de nosotros en nuestra economía doméstica.
Sin dudas la Nación ha hecho muy bien sus deberes, incluso ha superado las previsiones.
Pero… ¿las provincias? ¿Las municipalidades?
Las provincias recurren a impuestos distorsivos y tasas para recaudar
Salvo por unas pocas excepciones, no hubo adeptos a la política contra el déficit fiscal.
Además, las provincias basan su estructura tributaria en dos impuestos distorsivos y arcaicos: ingresos brutos (ISIB) y sellos.
El primero de ellos, el ISIB, es un impuesto de fácil recaudación y administración, lo cual engolosina a las provincias —es su principal fuente de ingresos—, pero con efectos altamente distorsivos para la economía. Este impuesto se acumula etapa tras etapa, potencia los costos como también los precios de venta, así el costo total del tributo para los particulares supera al valor recaudado por el fisco.
Adicionalmente, distorsiona el valor de los bienes que se exportan, porque a diferencia del IVA, no puede recuperarse (se exporta el impuesto en el costo de la producción).
Hace aproximadamente diez años, las provincias tuvieron la brillante idea de utilizar alícuotas progresivas, considerando la facturación del contribuyente del año anterior. Lo que esta genialidad omite es que el ISIB se traslada al consumidor. Es decir, no lo pagan las empresas, sino doña Rosa. Los perjudicados por este impuesto son los ciudadanos de a pie. Estamos ante un impuesto regresivo, perjudica más al que menos tiene.
Como si no fuera suficiente lo anterior, este impuesto está «desbocado». Las alícuotas moderadas con las que fue concebido quedaron atrás (por ejemplo, el 3% para la venta minorista). Desde hace tiempo, la venta minorista tiene alícuotas cercanas al 5%. Esto repotencia el efecto «acumulación» que mencionábamos antes.
También hay que decir que las provincias abandonaron la idea de eximir las actividades primarias e industriales, que morigeraba el efecto de la acumulación, por voracidad recaudatoria, por el descontrol de las cuentas públicas, entre otras cuestiones. Hoy, las exenciones están sujetas a no superar determinados montos de facturación, una falacia considerando que el impuesto lo pagan finalmente los consumidores.
Para peor, se trata de un impuesto con el que se ha hecho uso y abuso de los regímenes de retención y percepción. La inoperancia de los fiscos provinciales para combatir la evasión llegó al extremo de que todos los contribuyentes sean agentes de recaudación, obligándolos a retener y percibir a sus proveedores y clientes, respectivamente.
El impuesto se recauda también a través de bancos —con regímenes locales o con el tan temido SIRCREB—, con las liquidaciones de tarjetas de crédito y en Aduana, al importar mercaderías. Misiones, además, exige un pago a cuenta para el ingreso de las mercaderías a su provincia, como una aduana interna.
Todos estos regímenes funcionan a la vez, con lo cual el impuesto se ingresa por adelantado y en muchos casos en exceso, generándose una situación semipermanente de saldos a favor.
Se invirtieron los roles: el Estado le debe a los contribuyentes. No es el mundo del revés, son las finanzas públicas provinciales. Hubo provincias que le debían un año de recaudación a los contribuyentes. Para peor, se disfraza la deuda como recaudación.
Si bien hay mecanismos para pedir la exclusión de estos regímenes de recaudación, así como también la devolución de los saldos a favor, transitarlos —en su mayoría— es un calvario.
A nivel municipal, el tributo estrella es la tasa de seguridad e higiene, que debería retribuir la efectiva prestación de un servicio —individualizado y concreto— al contribuyente que la paga. Además, la retribución debería ser proporcional al costo afrontado por la municipalidad para la prestación de dicho servicio, pero se recauda como un porcentaje de la venta, pretendiendo cifras exorbitantes por servicios no prestados o tímidamente prestados.
Estas cuestiones, que están definidas en la Ley de Coparticipación, resultan olímpicamente ignoradas. Las municipalidades, violando sus facultades, extorsionan a los contribuyentes exigiendo impuestos disfrazados de tasas. En muchos casos, si se presume que hay deuda, no se puede habilitar un nuevo local, tramitar un permiso, etc.
En definitiva, provincias y municipalidades no están en la vereda del orden financiero y de la racionalidad tributaria (las generalizaciones son odiosas, pero en este caso útiles), sino en la vereda opuesta.
No solo no adoptaron la política del déficit cero, sino que además pretenden seguir asfixiando a los contribuyentes con impuestos distorsivos, lo que perjudica al desarrollo económico de su territorio y del país.
Lo más triste es que los impuestos siguen altos o incluso aumentan, pero los recursos nunca alcanzan. Las provincias y municipios son cada vez más deficitarias y pobres, con servicios públicos cada vez más precarios, y con ciudadanos en peores condiciones (en servicios de salud, educación, seguridad, justicia, etc.).
La situación descripta no dista mucho de lo que es una olla de presión, y a punto de explotar.
Está claro que «con más de lo mismo» no se supera la crisis. La política fiscal de asfixiar al contribuyente no trajo buenos resultados.
Este panorama de saturación genera una muy buena oportunidad para impulsar el desarrollo provincial y regional acompañado con medidas fiscales, tendientes a ampliar la base, a generar el asentamiento de industrias y con ello la generación de más actividad económica por el efecto multiplicador de las empresas.
Los capitales van adonde mejor los tratan. Los malos tratos de las últimas décadas no han dado buenos resultados. Insistir en una política fiscal obsoleta no es la solución.
Las empresas y los ciudadanos necesitan de las provincias y municipalidades medidas económicas y fiscales que estén a la altura de las circunstancias, medidas inteligentes, efectivas y eficientes.