Javier Milei quiere abrir, lo antes posible, las compuertas para que los privados se metan en las empresas públicas. El Gobierno hizo cambios en el gabinete para acelerar las privatizaciones, una iniciativa que hasta ahora funcionó como eslogan pero que aún no se materializó. “El Estado no sirve para ser empresario”, repiten en la gestión libertaria, en donde siguen dispuestos a profundizar los despidos y cambiar los convenios colectivos de trabajo para que las compañías se vean atractivas para los inversores.
A la cabeza del masterplan privatizador está Diego Chaher, flamante titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, una unidad transitoria nueva (con una vida de dos años, según los papeles) que se creó bajo la órbita del Ministerio de Economía. Abogado mendocino con paso previo por el Grupo América, en la gestión de Milei Chaher primero estuvo a cargo de los medios públicos y luego reemplazó a Mauricio González Botto -un hombre del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse- en la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado.
La conformación de la Agencia tuvo como objetivo imprimirle velocidad al proceso privatizador. Ya no habrá un primer período de saneamiento para pasar a una “fase 2″, de salida al mercado: la orden que bajó de la Casa Rosada fue avanzar lo más rápido que se pueda y con todas las empresas posibles. Además de reportarse ante el ministro de Economía, Luis Caputo, Chaher tiene línea directa con el asesor todoterreno Santiago Caputo. Y debe coordinar acciones con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Hasta ahora, la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas realizó un mapeo de las empresas estatales. Contabilizó 59 unidades (de las cuales 19 son subsidiarias de otras empresas más grandes) que dependen de distintas áreas del Gobierno como Transporte, Energía, Innovación, Defensa, Prensa y Comunicación.
Mientras realiza la tarea de “saneamiento”, todavía no está claro el plan de negocios que aplicará para cada empresa estatal. En el Gobierno dicen que hay un menú de alternativas: algunas serán vendidas mediante concurso público internacional, otras serán concesionadas y un puñado podría terminar en manos de las provincias. Otras, directamente, serán liquidadas, como ocurrió con la agencia de noticias Télam.
La novedad de los últimos días es que el Gobierno decidió sumar un mecanismo más: la oferta pública, adoptando el régimen de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según pudo reconstruir LA NACION, para saber cuánto valen las empresas, Chaher quiere colocar en la Bolsa un paquete accionario pequeño de varias empresas públicas para que sea el mercado el que defina el valor de las compañías. “No sabemos cuánto valen, la mejor manera es que el sistema de oferta pública nos marque el mejor plan de negocios en cada caso”, dijo una fuente oficial. El procedimiento, siempre según fuentes del Gobierno, hará los procesos más confiables y seguros. “La lógica es que no se vuelva atrás. No a la reestatización”, señalan.
El proceso no será inmediato ya que primero Chaher debe poner al día la confección de balances y adaptar a las empresas a la normativa de la CNV, algo que puede demorar varios meses. Dos empresas que ya se perfilan para salir a la Bolsa son Tandanor (dueña de un importante astillero en La Boca) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha. “La idea es que todas las empresas posibles salgan al mercado de capitales con un paquete minoritario”, advirtieron cerca de Chaher.
La empresa que podría picar en punta con la ola privatizadora es Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), líder en la fabricación de turbinas para la generación energética. La legislatura de Mendoza está cerca de habilitar su venta (ya que parte del paquete accionario está en manos de la provincia). Si bien se publicará un concurso internacional, la estadounidense Arc Energy estaría próxima a presentar su oferta formal de capitalización.
Pese a que el Congreso hasta ahora solo habilitó la privatización de nueve empresas públicas (AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina, Intercargo, Nucleoeléctrica, Yacimiento Carboníferos Río Turbio -YCRT- y Trenes Argentinos Operaciones), en el Gobierno avanzarán igual en la transformación de las empresas para insistir en el parlamento. “Hay muchos bloqueos ideológicos y políticos”, se quejan en la gestión de Milei y se muestran dispuestos a ir a fondo.
Además de trabajar en la reducción del déficit, en la puesta a punto de los balances y en la adaptación a la normativa de la CNV, el Gobierno quiere que todas las empresas que son sociedades del Estado pasen a ser sociedades anónimas. Ya lo lograron con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y ahora trabajan en la conversión de diez unidades más. Ya aparecen los primeros obstáculos. Por ejemplo, Casa de la Moneda no cierra los balances desde que se abrió la causa Ciccone contra Amado Boudou.
Dentro de las empresas con destino probable de concesión, reconocen en el Gobierno, figuran las de servicios, como AYSA y Corredores Viales, ambas habilitadas por la Ley Bases. Otras como YCRT o FADEA, la fábrica de aviones situada en Córdoba, podrían terminar con participación de las provincias. En algunos casos, en tanto, Chaher está pensando en una fusión. Por ejemplo, podría incorporar a Televisión Digital Abierta (TDA) con la TV Pública para que el canal del Estado resulte mucho más apetecible para los privados.
Ante la conflictividad gremial que se exhibe en algunas de las empresas, Milei está decidido a mostrar los dientes. El caso emblema es Aerolíneas Argentinas: luego de la sucesión de paros de APLA de los últimos días, la Casa Rosada amenazó con ceder operaciones de la aerolínea de bandera a otras compañías. “Les estamos diciendo a los gremios que para garantizar la continuidad laboral hay que dejar entrar a los privados”, lanzó un importante funcionario a LA NACION.
Según pudo reconstruir este medio, hay privados que ya fatigan los teléfonos de distintos funcionarios interesados en el futuro de las empresas. No hay, por ahora, un circuito formal claro. “La decisión política está, pero todavía hay muchos interlocutores desordenados”, admitió un colaborador oficial. Chaher estaría próximo a publicar un portfolio web con las características económicas de las sociedades estatales. Una “vidriera” que oficie de puerta de entrada oficial a los inversores.
La nueva Agencia de Transformación de las Empresas Públicas tiene un plazo de dos años y nadie puede decir con precisión hasta dónde podrá avanzar la ola privatizadora. La realidad política marcará la velocidad y el éxito de Milei en esta materia.