El enfriamiento de la economía informal, el aumento en los precios de alimentos y servicios, y la larga y lenta caída de los sectores medios en la pobreza son algunas de las distintas explicaciones ensayadas ante LA NACION para dar cuenta de una tendencia que tiene como envoltorio una paradoja: la situación social se agudiza al tiempo que el gasto en las prestaciones sociales aumenta, tal como indicó un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) en 2021.
En la semana, el Indec dará a conocer la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, en la previa, con las críticas del Papa Francisco hacia el Gobierno flotando todavía en el aire, se descuenta que los datos exhibirán un crecimiento de la pobreza, y un salto significativo en la indigencia, que es el segmento social que queda por debajo de la canasta básica alimentaria. Así, los datos conviven con los esfuerzos del Gobierno para fortalecer, en medio de una estricta reducción del gasto, algunos de los nodos que conforman la red de protección social, como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que han tenido fuertes incrementos en estos meses.
“El gobierno no fue insensible, al menos en el plano operativo”, asegura Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Calcula, sin embargo, que todas las prestaciones sociales que una familia pueda percibir, significan solo el 50% de la canasta básica. La otra mitad, asegura, se solventa con el empleo informal, hoy muy debilitado por el enfriamiento de la economía. “La recesión paraliza la caída del ingreso de las capas medias, que caen en la pobreza, [y] hace que haya menos generación de demanda de bienes y servicios informales. El feriante vende menos, el servicio doméstico reduce las horas, el cartonero junta menos cartón, el jardinero hace menos servicios”, grafica.
“Si bien se duplicaron las asignaciones de los programas sociales, los beneficiarios tiene menos capacidad de producción”, agrega.
Coincide con él Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social en la primera etapa del Gobierno de Alberto Fernández. “La Argentina hoy no tiene altos niveles de desempleo, pero los ingresos del sector informal quedaron muy desfasados y eso ha cristalizado pobreza en sectores que históricamente no eran pobres, como el carpintero, el gasista, el plomero etc.”, señala.
El telón de fondo de estas respuestas es una matriz económica-productiva estancada desde hace más de una década, poco inclusiva, que tiende a generar una expansión del Estado como primera reacción, asegura Arroyo.
“La pobreza viene creciendo en los últimos 15 años”, resalta. “El sector privado no se ha ampliado, la torta productiva económica sigue siendo la misma y el Estado, con gobiernos de mayor o menor expansión, ha buscado incorporar personas a su estructura o generar políticas compensatorias como la AUH o la Tarjeta Alimentar. Estoy convencido de que es una muy buena política –dice con respecto a la Tarjeta Alimentar, creada bajo su mandato al frente del extinto Ministerio de Desarrollo Social–pero creo que el error del Gobierno fue creer que con eso alcanzaba”
Entre los instrumentos apuntalados por la gestión libertaria, por su extensión e incremento, sobresale la AUH: alcanza a más de 4 millones de chicos y creció un 484% entre agosto de 2023 y agosto de 2024, según consignó este diario.
“[Estas herramientas] no tienen efecto de reducción de la pobreza bajo ningún punto de vista”, suma Alejandro Gramajo, secretario de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que viajó al Vaticano para ver al Papa junto a Juan Grabois. “En un país que crece la pobreza y la desocupación es lógico que estas políticas no tengan impacto. Son para un sector muy determinado”, añade, en alusión a los sectores más postergados.
Ante la consulta de LA NACION, en Cáritas prefieren dejar resonando la voz del Papa, quien se mostró inusualmente crítico con el Gobierno. Además de los cuestionamientos, el Sumo Pontífice se mostró a favor de ampliar la asistencia social con el Salario Básico Universal, un reclamo histórico de los movimientos sociales. “Es de estricta Justicia Social”, indicó el viernes Francisco.
Salvia describe con paciencia cómo el piso de sostén de la clase media y media baja se fue resquebrajando en los últimos 15 años. Cristina Kirchner, recuerda, dejó el Gobierno con un 30% de pobreza; Mauricio Macri la llevó al 38%; Fernández dejó el indicador en 45 puntos, y con el presidente Javier Milei, durante el primer trimestre, como efecto de la devaluación del exministro Sergio Massa y el shock de enero, tuvo un pico cercano al 55%, con una indigencia que rozó los 20 puntos. Números que en el Gobierno no pasaron inadvertidos. “Por eso incrementaron la asistencia”, señala Salvia.
En marzo, con la recomposición de las jubilaciones, y la pequeña reactivación en algunos sectores, como el que mostro la construcción, los números retrocedieron levemente. Pese a ello, Salvia no es optimista: prevé la sedimentación de una nueva capa de pobreza estructural, que ya calcula, a trazo grueso, en un 35%. Es una porción de la sociedad que ve afuera de cualquier camino de recuperación. “La asistencia social a esa sector siempre será más fácil que la construcción de nueva empleabilidad”, sostiene.
Por su parte, Arroyo ve con preocupación cómo se expande el sobreendeudamiento en las clases bajas. “Es el fenómeno más crítico hoy de la Argentina. En una familia pobre más del 85% de los gastos en alimento y transporte. Hoy, las familias gastan más del 100% entre alimento, transporte y servicios, y por eso se endeudan, y hoy se están endeudando el 500% de interés anual. Ningún problema surgió ahora en la sociedad, pero objetivamente todo se empeoró”, explica.