La ciudadanía argentina estrenará en las elecciones legislativas nacionales de 2025 una nueva forma de votar que ya rige en distintas jurisdicciones, tras la reforma sancionada anteayer por los diputados, tras las reformas que el Senado le había introducido a la iniciativa aprobada dos años atrás por la Cámara baja.
El acuerdo entre el oficialismo, Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otras fuerzas políticas minoritarias condujo a la tan largamente esperada como demorada aprobación de la boleta única de papel (BUP) con 143 votos a favor y 87 en contra. El kirchnerista bloque Unión por la Patria rechazó el proyecto –con excepción del diputado Guillermo Snopek, que votó a favor– mientras que los cinco legisladores de izquierda se abstuvieron.
A nadie sorprendió que desde el kirchnerismo pudieran disparatadamente argumentar que la democracia argentina se había visto fortalecida por el viejo sistema que felizmente quedará atrás. La diputada Sabrina Selva, cercana a Sergio Massa, llegó incluso a afirmar que los bloques dialoguistas estaban “totalmente disociados de la realidad que a la mayoría nos duele”. Una vez más, su registro distorsionado no sintoniza con el reclamo ciudadano, ese mismo que en las urnas les fue tan esquivo y que hoy celebra la aprobación de la BUP.
La propia Cámara Nacional Electoral promovía desde 2007 este cambio. Silvia Lospennato (Pro) recordó que los intentos por reformar el sistema de votación arrancaron hace 17 años. “El kirchnerismo obstruyó cada intento de impulsar este proyecto”, afirmó y ponderó que, aun cuando el sistema no favorece a los oficialismos, tanto Mauricio Macri en su momento, como Javier Milei ahora, optaron por lo correcto y no por lo conveniente.
Cabe recordar el enorme impulso que fue dado a la BUP por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, especialistas de Argentina Debate, Red de Acción Política, Cippec y Poder Ciudadano.
La reforma elimina las papeletas partidarias y aglutina en una sola boleta toda la oferta electoral nacional. Con un diseño similar al mendocino, para la elección de 2025 los partidos se ubicarán en columnas verticales y los cargos en las filas horizontales, con las fotos de los dos primeros candidatos a diputado y senador nacional. El orden de las listas se definirá por sorteo. Si un partido no presenta candidatos en alguna categoría, se incluirá la leyenda “no presenta candidato”. No habrá ya necesidad de disponer de sobres firmados por las autoridades de mesa, pues la boleta se introduce directamente en la urna una vez tildadas las opciones. La firma del presidente de mesa irá en un casillero en el dorso, junto con un instructivo para el votante.
El posible efecto arrastre de las estructuras partidarias nacionales por sobre las provinciales quedó anulado con la eliminación del casillero “lista completa” que había sido motivo de debate y modificación en el Senado. Precisamente este punto, clave para lograr el quorum en Diputados, hundió en la desazón a muchos que debieron renunciar a sus preferencias, evidenciando su temor a que la supresión aumentara el voto en blanco para las categorías inferiores si los electores no tildan el resto de las opciones. La experiencia mendocina, que sí incluye el casillero, confirmaría esta hipótesis pues el 85% de los votantes optó por lista completa en la última elección.
Atrás quedarán los manipulados presupuestos para impresiones partidarias y el negocio de los sellos de goma, los abultados gastos en logística, las prácticas de robo u ocultamiento de boletas en el cuarto oscuro, al tiempo que, en adelante, solo será necesaria una fiscalización simplificada, entre muchas otras ventajas que reiteradamente destacamos desde estas columnas. Urge ahora apurar la ley de ficha limpia que prohíba presentarse como candidatos a quienes tengan condenas confirmadas, situación que tantas veces ha convertido a nuestras instituciones en guaridas de delincuentes. De no aprobarse este año, habrá que aguardar que la iniciativa se vuelva a presentar y recorrer todo el derrotero parlamentario.
Como bien señaló la diputada socialista Mónica Fein, la BUP debe ser el primer paso hacia una reforma integral del sistema electoral que incluya temas espinosos y turbios como el financiamiento de la política. Aprovechar el contexto de un año no electoral para transparentar las distintas aristas del principal mecanismo democrático es una asignatura pendiente que no puede seguir demorándose. La aprobación de la BUP confirma que es posible construir los consensos que la ciudadanía demanda a sus representantes y que deberían convocarse nuevamente para aprobar sin más demoras la ley de ficha limpia, y así mejorar la calidad democrática.