Un adolescente de Santa Fe, con apoyo de organizaciones de derechos humanos, consiguió que la Justicia reviera una decisión que lo derivaba a educación especial sin haberlo escuchado, reafirmando su derecho a la educación inclusiva.
Mateo, un joven santafesino, tenía 17 años cuando un proceso judicial ordenó el cambio de su trayectoria educativa de la escuela común a una institución de educación especial. Esta decisión se tomó sin haberlo escuchado ni consultado sobre sus deseos, a pesar de que llevaba más de 15 años en el sistema educativo general y estaba a dos años de obtener su título secundario.
Con el respaldo legal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio para solicitar la reversión de la medida. Argumentó que se había vulnerado su derecho a ser oído y a acceder a la justicia en igualdad de condiciones, ya que se le negó un abogado del niño por su discapacidad.
Además, sostuvo que la decisión judicial era contraria a su derecho a la educación inclusiva, garantizado por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. «Tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho», expresó el joven, quien pidió una reunión con el juez a cargo para manifestar su voluntad de continuar en una escuela común, que le permitiría obtener el título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales.
Tras la presentación escrita y una audiencia presencial, el magistrado revirtió su propia decisión y ordenó la continuidad de la trayectoria escolar de Mateo en una escuela secundaria general. El caso pone de relieve los desafíos que enfrentan muchas personas con discapacidad en el sistema judicial, que a menudo las considera incapaces de decidir sobre sus propias vidas.
La solución alcanzada por Mateo marca un precedente al destacar la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan y de alinear las decisiones judiciales con los estándares internacionales de derechos humanos.