La actriz y referente feminista cuestionó la iniciativa de la senadora Carolina Losada, que busca aumentar las penas por denuncias falsas en casos de violencia de género, abuso sexual o menores.
Este miércoles se trató en el Senado de la Nación el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal en materia de falsas denuncias. La iniciativa fue presentada en el marco de la séptima jornada, donde la legisladora expuso los alcances de su propuesta.
En medio del debate, la actriz Thelma Fardín se posicionó públicamente y expresó su rechazo a la iniciativa. Aunque distintos estudios señalan que son muy pocos los casos en los que alguien miente deliberadamente sobre una agresión sexual, Losada sostiene la necesidad de modificar el marco legal para abordar estas situaciones.
El proyecto busca elevar penas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren violencia de género, abuso sexual o menores. En este contexto, la actriz Thelma Fardín, referente de la lucha feminista a partir de su propio caso, cuestionó la propuesta. A través de un video difundido en redes sociales, manifestó su preocupación.
“Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel”, sostuvo.
La actriz remarcó la falta de evidencia estadística que respalde la iniciativa impulsada por Carolina Losada: “No hay estadísticas sobre falsas denuncias; sí hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a la Justicia”. En esa línea, sostuvo que “el 77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciar” y agregó que, según ONU Mujeres, “solo un 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas”.
Además remarcó: “Lo que sí está claro es la cantidad de barreras que hay para denunciar: económicas, revictimización institucional, de la gente de tu entorno, de tu pueblo, de los medios de comunicación”.
La actriz planteó que los tiempos y exigencias del sistema judicial dificultan los procesos, señalando que muchas víctimas tardan años en denunciar debido a factores psicológicos y sociales. “Tardan años en poder denunciar, y eso no lo digo yo, lo dicen años de estudios psicológicos. Los prejuicios sobre nosotras hacen que sea todavía más difícil ponerlo en palabras”, expresó.
Y sumó: “Lo difícil que es probar este tipo de hechos, porque la Justicia a veces te pide que lo pruebes como si fuese que te robaron el auto y hay una cámara de seguridad filmando todo”.
En relación con los resultados judiciales, subrayó: “La mayoría de los casos no obtiene una condena. En Argentina solo el 15%, en América Latina el 1%”, y concluyó que “hay una falla del sistema para probar este tipo de casos”.
Finalmente, dejó una advertencia: “Cada vez que repitas: ‘está lleno de falsas denuncias’, fijate que seguro tenes alrededor tuyo una mujer, una niña o un niño que sufrió violencia y que no se atrevió a ir a la Justicia. Porque si te vio decir eso, es probable que nunca se anime a hablar”.
“El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman ‘falsas denuncias’ es la falta de celeridad en los procesos judiciales”, cerró diciendo.
A partir del crecimiento de la representación del oficialismo en el Senado, Losada quiere volver a discutir los términos del Código Penal de la Nación. El artículo 245 actualmente establece un plazo de prisión entre dos meses y un año o una multa por denuncias falsas.
El proyecto plantea un nuevo piso de un año de cárcel con un tope de 3 años. Por otra parte, la propuesta de Losada incluye una sanción más severa para hechos ocurridos en contextos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual. En ese caso se impulsa una condena máxima a 6 años tras las rejas. El mismo agravante se añade de manera explícita al artículo 275 para las sentencias contra declaraciones falsas de testigos, peritos o intérpretes.
En tercer lugar, la senadora también quiere establecer penas mayores por el encubrimiento de este tipo de delitos, algo que no está expresamente definido en el Código Penal. Esto implica una modificación del tercer y cuarto inciso del artículo 277.
Recientemente, la legisladora reconoció que no hay números oficiales que den cuenta de esta situación como un problema frecuente en los tribunales. No obstante, le aseguró a LT8: «Sucede en todo el país. Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás».
El año pasado, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Uruguay hizo un trabajo pionero a nivel regional para analizar la cuestión. Luego de una serie de análisis de expedientes judiciales tramitados, el estudio aportó datos sobre la complejidad del tema.