La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas advierte que el proyecto, que busca reducir la litigiosidad, podría potenciar las demandas civiles directas contra el sector. Mientras, el oficialismo insiste en la necesidad de ordenar un sistema con altos índices de juicios.
La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) de Santa Fe manifestó su preocupación por el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial y que podría tratarse en el Senado este jueves. Según la entidad, la iniciativa que busca reducir la litigiosidad produciría el efecto contrario, potenciando las demandas civiles directas contra los pequeños y medianos empresarios.
El presidente de Apyme, Mario Galizzi, explicó que el problema radica en que la reforma endurece los requisitos para que un trabajador accidentado reclame a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). «Al limitar con topes lo que va a pagar la ART, lo que hacen ahora los abogados es obviar la vía de acción hacia la ART e ir directamente por la acción civil sobre las pymes», sostuvo. Esta vía, según Galizzi, es «mucho más fácil» y permite obtener «un monto mucho más importante» para la persona accidentada.
El dirigente agregó que esta dinámica perjudica directamente a la pequeña y mediana empresa, ya que el empresario debe pagar la indemnización completa de su bolsillo y luego iniciar una acción de repetición contra la ART. «La Pyme tiene que pagar primero y después repetir para que le transfieran el dinero, lo cual generalmente es mucho menos de lo que va a pagar», advirtió. De esta forma, el pequeño empresario terminaría pagando dos veces: la prima del seguro y el siniestro por vía civil.
Desde el oficialismo provincial y las grandes cámaras empresarias, en cambio, sostienen que la reforma es necesaria porque Santa Fe registra un nivel de juicios laborales desmesurado. Las estadísticas oficiales indican que la provincia tiene 142 demandas cada 10 mil trabajadores, una cifra que duplica a la de Córdoba y triplica el promedio nacional. Este exceso de litigios genera un sobrecosto estimado en 100 millones de dólares anuales para el sector productivo, lo que obliga a las empresas santafesinas a pagar alícuotas de ART un 45% más altas que el resto del país. Para estos sectores, la reforma ordena un sistema viciado por abogados que prefieren evitar las comisiones médicas y demandar directamente por la vía civil para cobrar honorarios más elevados.
Sin embargo, Apyme rechaza ese diagnóstico. En un comunicado, la entidad sostuvo que «las medidas propuestas introducen mayores exigencias para quienes reclaman», dificultando el acceso a una respuesta judicial eficaz y, lejos de reducir la litigiosidad, «vuelve más complejo el cobro de indemnizaciones por parte de los trabajadores». La asociación alertó que cuando el procedimiento administrativo se vuelve «más complejo y restrictivo», los damnificados optan por la vía civil, donde encuentran «un camino más accesible».
El proyecto podría ser votado en la Cámara Alta en las próximas horas. Desde Apyme Santa Fe pidieron a los legisladores que reflexionen sobre las consecuencias de una norma que, a su juicio, «terminará asfixiando a las pequeñas y medianas empresas con una litigiosidad aún mayor».