La restitución de una menor a la órbita estatal generó tensión en Reconquista, tras cinco meses de cuidado informal por parte de un matrimonio de Guadalupe Norte.
Un profundo debate sobre los límites entre los lazos afectivos y los marcos institucionales del Estado se vivió este sábado en las oficinas de la Dirección de Minoridad de Reconquista. Jorge Rodríguez y Valeria Chapero, el matrimonio de Guadalupe Norte que mantuvo a su cuidado a Zoe (4) durante los últimos cinco meses, hicieron efectiva la entrega de la menor bajo apercibimiento penal, en medio de llantos, protestas vecinales y fuertes cuestionamientos hacia las autoridades provinciales.
La orden de restitución se dio tras el rechazo judicial a una solicitud de tutela presentada por la familia y una posterior intimación formal que otorgaba un plazo de 24 horas para entregar a la niña, bajo la advertencia de iniciar acciones penales por sustracción o retención de un menor (Artículos 146 y 147 del Código Penal).
El origen del conflicto: rescate e informalidad
La historia comenzó el 15 de diciembre de 2025. Según el relato de la familia cuidadora, Zoe se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad biológica y social: residía junto a su madre biológica en un lavadero de camiones en condiciones precarias, presentaba un cuadro severo de desnutrición, falta de hábitos básicos y dificultades en el habla. Ante este escenario, y mediando un pedido de ayuda desesperado de la madre, el matrimonio decidió trasladar a la niña a su hogar.
Durante cinco meses, Zoe inició el jardín de infantes, recibió asistencia fonoaudiológica y experimentó un cambio notable en su calidad de vida, contando con el aval de su entorno familiar de origen (madre, abuela y tías). Sin embargo, en el plano legal, el circuito formal nunca llegó a encuadrarse. Rodríguez afirmó que desde el primer momento intentaron regularizar la situación ante la Policía, el Juzgado de Familia y la Secretaría de la Niñez, pero denunció que las dependencias públicas «se pateaban la pelota» al no detectar signos de violencia física o abuso directo.
La postura del Estado: «Fuera de la ley, todo es ilegal»
Desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia sostuvieron una postura inflexible respecto al cumplimiento de los protocolos de co-responsabilidad vigentes. Fuentes del organismo remarcaron que «todo lo que se da fuera del marco legal es ilegal» y que las buenas intenciones no habilitan la omisión de las vías institucionales.
Las autoridades señalaron que, siendo Chapero docente, disponía de los canales formales y los equipos socioeducativos escolares para encauzar la denuncia de vulnerabilidad de manera correcta, evitando la vía de hecho de llevar a la menor a un domicilio particular.
El marco normativo santafesino estipula que, ante la separación de un niño de su centro de vida, se debe agotar la búsqueda dentro de la familia ampliada o comunitaria y, en su defecto, recurrir a las familias de cuidados alternativos preseleccionadas o a los aspirantes inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). El Estado argumenta que avalar las entregas directas vulnera el principio de igualdad y transparencia del sistema de adopción.
«Ponga gente con amor»
«Señor gobernador, ponga gente que tenga amor acá, porque son niños», fue el duro reclamo que Jorge Rodríguez dirigió públicamente al mandatario provincial, Maximiliano Pullaro, tras salir de las oficinas de Minoridad sin la niña.
La familia cuidadora criticó con dureza la «burocracia tardía» del Estado, argumentando que la demora de cinco meses en intervenir de oficio generó un arraigo y un lazo afectivo irreversible, cuyo corte abrupto implica ahora un grave daño psicológico para Zoe. Asimismo, confirmaron que avanzarán con una denuncia penal contra Melania Heinzen, Directora Provincial de Promoción y Protección de Derechos de Niñez.
Situación actual
Tras momentos de extrema tensión frente a las oficinas estatales, donde vecinos de Guadalupe Norte se concentraron bajo la consigna «Zoe no se va», la niña quedó finalmente bajo la tutela transitoria de los equipos oficiales. En lo inmediato, se buscará su inserción en un ámbito de cuidados alternativos debidamente evaluado mientras se define una resolución permanente para su situación registral y familiar.