La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado en el que rechaza el proyecto de ley ‘Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública’, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Señalan que la iniciativa afecta garantías procesales básicas.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario publicó esta semana un comunicado en el que rechaza el proyecto de ley denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”, remitido por el Poder Ejecutivo de Santa Fe a la Legislatura provincial. En el texto, los abogados sostienen que la iniciativa introduce modificaciones que, según su visión, vulneran derechos procesales.
El proyecto oficial contempla 11 puntos clave para modificar el Código Procesal Penal y otras leyes vigentes. Entre sus ejes se incluye otorgar mayores facultades de investigación a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar procesos de flagrancia, endurecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil, crear “zonas de intervención especiales” con restricción de derechos de circulación, e inhabilitar inmuebles vinculados al narcotráfico.
En el comunicado, la asociación afirmó que la reforma representa “un menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal”. También declaró: “Ningún Código Procesal Penal posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal”. Los abogados advirtieron que la propuesta incluye institutos que consideran “arbitrarios, absurdos e incompatibles con el derecho procesal penal moderno”.
Uno de los puntos objetados es el otorgamiento de atribuciones a las fuerzas policiales. Los penalistas recordaron que facultades similares fueron eliminadas con la implementación del sistema acusatorio en 2014 para evitar casos de corrupción y violencia institucional. Sostuvieron que “privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional”.
Asimismo, cuestionaron que se dote a los fiscales de funciones que, según señalaron, son constitucionalmente exclusivas de los jueces. El comunicado menciona la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la flexibilización para aceptar pruebas bajo justificación de “buena fe” policial, medidas de restricción de libertad impuestas por decreto y la posibilidad de que el órgano acusador dicte sentencias condenatorias eliminando el juicio previo.
La asociación también se refirió al artículo del proyecto que habilita la “injerencia en derechos fundamentales” de manera preventiva. Según los abogados, la reforma permitiría al Estado entrometerse en la intimidad de las personas, sus comunicaciones y dispositivos tecnológicos sin que exista una causa previa o sospecha fundada. Calificaron esto como “un atropello autoritario contra derechos elementales de todo ciudadano”.
Finalmente, los penalistas advirtieron que, de aprobarse la ley en su redacción actual, se desatarán planteos de inconstitucionalidad ante tribunales provinciales, nacionales e internacionales, lo que podría generar sanciones y responsabilidades económicas para el Estado santafesino. Exhortaron a las autoridades del Ejecutivo y a los legisladores a frenar el tratamiento exprés, rediseñar el proyecto y convocar a un debate que incluya a todos los actores del sistema judicial.