El Gobierno nacional remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea un nuevo régimen de incentivos para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en industrias estratégicas.
El Poder Ejecutivo Nacional envió este martes al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado Súper RIGI, un esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados a través del Mensaje 181/2026, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El proyecto se denomina formalmente «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias». Consiste en un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares. Según el texto oficial, el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades «que actualmente no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto». Entre los sectores mencionados en los fundamentos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
Entre los principales beneficios incluidos en la iniciativa figuran: Impuesto a las Ganancias reducido al 15%; amortización acelerada de inversiones; quebrantos impositivos sin límite temporal; alícuota reducida sobre dividendos; devolución de IVA mediante certificados fiscales; exención de derechos de importación y exportación; libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones; y estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años. Además, estipula una reducción de contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos.
En materia cambiaria, las empresas podrán disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que Argentina quedó rezagada frente a otros países por «décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias», y señala que el proyecto posicionará al país «como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro».
El texto define como «nuevas actividades económicas» aquellos proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica con «impacto transformador en la estructura productiva nacional». Aclara que no podrán ingresar proyectos que sean ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes.
Uno de los puntos centrales del esquema es que las provincias y municipios deberán adherir formalmente para que los proyectos puedan acceder a los beneficios. El Gobierno nacional señala en el proyecto que las jurisdicciones deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones. Establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada «nula de nulidad absoluta».
El proyecto establece que solo podrán ingresar inversiones de al menos 1.000 millones de dólares. Las empresas deberán comprometer al menos el 20% de esa inversión durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Los proyectos deberán canalizarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para desarrollar cada iniciativa adherida. El plazo inicial para adherirse será de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año adicional.