La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al Gobierno nacional la revisión y baja de 249 nombramientos que, según el gremio, fueron realizados durante la gestión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El sindicato asegura que se trata de personas sin contraprestación de servicios y con salarios superiores a los dos millones de pesos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien acusa de haber incorporado a 249 familiares, amigos y allegados en distintas áreas de la administración pública durante su gestión. El gremio exige que esas designaciones sean revisadas y dadas de baja.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que «desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad». Aguiar sostuvo que esas incorporaciones representan «249 ñoquis que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios».
El dirigente sindical también señaló a la Secretaría General de Gobierno, al afirmar que «no puede hacerse la distraída» porque, según indicó, conoce cada una de las designaciones realizadas durante la gestión de Adorni. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo avance con una revisión de esos nombramientos y adopte medidas para revertir la situación.
Desde ATE vincularon además estas incorporaciones con el nuevo sistema de ingreso al Estado impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para el sindicato, el mecanismo, presentado por el Gobierno como una herramienta para transparentar el acceso a la administración pública, «no tenía nada de transparente» y terminó favoreciendo «el ingreso de militantes de La Libertad Avanza».
Otro de los planteos del gremio apunta al costo que, según denuncia, representan esas designaciones para las arcas públicas. ATE aseguró que las dependencias bajo la órbita de Adorni se encuentran «saturadas» de personal, cuyos salarios superan los dos millones de pesos en la mayoría de los casos y que, además, carecen de experiencia y cumplen funciones que no resultan necesarias para el funcionamiento de los organismos.
La denuncia se produce en el contexto de la confrontación entre ATE y el Gobierno nacional por la política de ajuste en el Estado, los despidos de trabajadores públicos y el cierre o reestructuración de distintos organismos. El sindicato sostiene que mientras miles de empleados estatales fueron desvinculados bajo el argumento de reducir el gasto público, se habrían concretado incorporaciones por razones de cercanía política.