La medida de fuerza afecta a 5.100 estudiantes de las cinco escuelas secundarias que dependen de la Universidad Nacional de La Plata. Los gremios reclaman la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial del 31,2%.
LA PLATA.– Los paros y medidas de fuerza en los colegios y universidades de la capital de la provincia de Buenos Aires derivaron en 38 días sin clases en el actual ciclo lectivo. La medida de fuerza se reeditará la semana próxima.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es una de las instituciones más activas en el reclamo del sector contra el gobierno nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la falta de recomposición salarial de los docentes.
El conflicto afecta a una comunidad de 123.000 alumnos universitarios y a 5.100 estudiantes de colegios, que cursan en 17 facultades y cinco escuelas que dependen de la UNLP.
Este jueves, el gobernador Axel Kicillof se refirió al conflicto: «Hoy estamos bajo ataque. No es solo presupuestario. Quieren terminar con la educación pública. Nuestro desafío es no entrar en falso dilema», dijo el mandatario bonaerense.
«Lo tenemos que asumir. Somos nosotros los que queremos la educación pública. La vamos a defender y la vamos a mejorar, y le vamos a cerrar la boca a los inútiles que sin conocer critican para destruir. Nosotros vamos a defender la educación y la universidad pública Argentina. Vamos a dar vuelta este desastre, cuando termine esta pesadilla», agregó.
«Milei busca imponer un proyecto que llama de ‘libertad educativa’, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones camufladas de modernidad», sostuvo el Gobernador, y añadió: «No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien».
En reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento, paritarias libres, salarios dignos, actualización de las becas y más presupuesto para ciencia y tecnología, la UNLP acumula 38 días de paros en 2026.
Las consecuencias no solo afectan a los estudiantes universitarios, sino también a los que cursan en las instituciones secundarias dependientes de la UNLP: el Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes Profesor Francisco Américo De Santo, la Escuela Anexa y la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti.
Para las familias con estudiantes de pregrado, el conflicto implica resolver semana a semana cómo cubrir los días sin clases. No obstante, buena parte de esos padres y madres también son docentes universitarios, investigadores o trabajadores de la propia UNLP, por lo que apoyan la medida de fuerza.
El conflicto no tiene salida inmediata: el Gobierno mantiene el veto a la ley de financiamiento universitario y ofrece aumentos del 3% en septiembre y octubre, mientras los sindicatos reclaman una recomposición del 31,2%.
Según los sindicatos, el Poder Ejecutivo acumula más de 300 días sin cumplir la ley. En tanto, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2026 fue del 329%; en el mismo período, los salarios universitarios subieron 227%.
La conducción académica sostiene reuniones periódicas con gremios docente y no docente, la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (Atulp); también, con la Federación Universitaria de La Plata (FULP), que nuclea a los estudiantes.
«La Adulp lleva 38 días de paro este año. Esperamos que se cumpla la orden judicial del juez Martín Cormick, que rechazó la revocatoria de apelación. El Gobierno le dio cinco días para que cumpla la cautelar sobre salarios y becas», dijo Octavio Miloni, secretario general de Adulp y secretario adjunto de la Conadu. «En su cumplimiento esperamos anuncio del 35% de aumento», agregó.
Miloni se refería al fallo del juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del tramo del decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la ley de financiamiento universitario aprobada y ratificada por el Congreso.
El gobierno de Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la ley de administración financiera.
Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un «mecanismo extraconstitucional» y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
Marcha universitaria
A la par de los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Adulp convocó a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
«El gobierno nacional debe dar una respuesta tras el fallo sobre la cuestión de la Ley de Financiamiento educativo en su totalidad, también del juez Cormick que ratificó la legitimidad de toda la ley», expresó el secretario general de Adulp.
Si no hubiera respuesta, la semana próxima habrá nuevos paros, que derivarán en más días sin clases en la UNLP y sus colegios.