Un grupo de adjudicatarios de planes de vivienda se manifestó en Rosario y expuso ante diputados los incumplimientos que denuncian contra la firma, buscando una mayor intervención estatal.
Una nueva manifestación de adjudicatarios de la empresa Pilay se desarrolló este domingo frente a la sede administrativa de la firma en Bulevar Oroño 166, en la ciudad de Rosario. Los afectados buscan visibilizar una problemática que, según sostienen, ha adquirido una dimensión pública debido a la cantidad de casos y al impacto social que genera.
Alicia Bernal, una de las referentes del reclamo, dialogó con la prensa y describió una situación de «incumplimientos sistemáticos» que se extiende por años. «Nos costaba mucho saltar el cerco que mantenía esto oculto, pero al empezar a juntarnos con otros que tienen la misma problemática logramos dar pasos importantes», explicó. Bernal, quien lleva 16 años de aportes mensuales al día dentro de un plan que no ha sido finalizado, afirmó que su caso refleja el de cientos de familias en Rosario y la región.
Entre las modalidades de incumplimiento denunciadas por los adjudicatarios se encuentran: plazos de adjudicación que superan ampliamente los tiempos pactados originalmente; entrega de unidades fuera del radio o zonas estipuladas inicialmente; y la suspensión de los sorteos y licitaciones monetarias que permitían acceder a las viviendas de forma anticipada.
«Ese dato de cuántos somos solo lo tiene la empresa, pero nosotros afirmamos que somos miles», aseguró Bernal, destacando el rol de las redes sociales para organizarse y romper el aislamiento de los casos individuales.
La gravedad de la situación motivó que los damnificados llevaran su reclamo a la Cámara de Diputados de la Provincia el pasado miércoles. En una reunión con la Comisión de Vivienda y Urbanismo, expusieron la situación de las firmas Bauen y Pilay, ambas con origen en la ciudad de Santa Fe. El conflicto cuenta con respaldo legislativo a través de un proyecto de comunicación impulsado por el diputado Miguel Rabbia, que busca habilitar pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que el Estado intervenga y exija respuestas sobre el estado de los planes y las obras.
«Esto ya trasciende lo privado por la magnitud de los casos que estamos registrando», concluyó Bernal. Los afectados aseguran que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta sobre el destino de sus ahorros. La mirada está puesta ahora en los informes que se solicitarán desde la Legislatura para conocer el estado real del cumplimiento de los contratos en toda la provincia.