El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, optó por no declarar en una nueva ronda de indagatorias en el marco de la causa por presunto pago de coimas y fraude al Estado.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi iniciaron este martes una nueva tanda de indagatorias en la causa que investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado junto a otros imputados, se presentó en los tribunales federales de Retiro pero se negó a declarar.
Spagnuolo es señalado por su rol como máxima autoridad de la ANDIS, donde habría generado condiciones estructurales para el direccionamiento de contrataciones a cambio de retornos. La lista de indagados incluye tanto a personas ya procesadas —como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y el presunto lobbista Miguel Ángel Calvete— como a nuevos sospechosos: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública, mediante la manipulación de procesos de contratación para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. Se habría simulado competencia entre oferentes y direccionado adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, generando beneficios económicos ilegales y dádivas a funcionarios.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo. El Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas, con el objetivo de evitar maniobras de desprendimiento de activos que pudieran ser recuperados por el Estado. Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones del erario público, que habrían tenido como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.