Un informe técnico presentado ante la Justicia revela irregularidades en compras de insumos para personas con discapacidad, con sobreprecios que llegaron al 4.239% en andadores y sillas de ruedas. El caso, que involucra a funcionarios cercanos al presidente, también refleja tensiones dentro del oficialismo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de una investigación judicial que revela sobreprecios sistemáticos en la compra de insumos críticos. Según un informe técnico presentado por el interventor Alejandro Vilches ante el juzgado de Ariel Lijo, se detectaron incrementos de hasta el 4.239% en el valor de andadores y sillas de ruedas respecto del precio de mercado.
El análisis, que abarcó más de 500 expedientes por un presupuesto total superior a los 18.000 millones de pesos, también encontró diferencias significativas en válvulas cardíacas (242% por encima de lo pagado por el PAMI) y en sillas de ruedas que fueron facturadas a 19 millones de pesos cuando su valor de referencia es de 1,3 millones.
La actual gestión del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, decidió congelar pagos pendientes por casi 5.000 millones de pesos que ya habían sido autorizados, al considerarlos “técnicamente indefendibles”.
La investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi, apunta a la manipulación del sistema de contrataciones Siipfis. Según la denuncia, se simulaba competencia entre empresas que en realidad compartían directivos y sedes sociales, como Artrobone e Innova. Un chat de WhatsApp denominado “Grupo Museo” habría servido para coordinar qué firmas serían invitadas a las licitaciones, asegurando así el negocio.
Entre los señalados aparece Diego Spagnuolo, director de la agencia y amigo del presidente Javier Milei, cuya situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugerirían pedidos de retornos. Gendarmería perita los teléfonos de los involucrados mientras la Justicia avanza sobre los vínculos con proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete.
El caso expone, además, las tensiones internas en el Gobierno. Alejandro Vilches responde a Mario Lugones, quien es padre de un socio de Santiago Caputo, asesor presidencial. El movimiento es interpretado en los pasillos oficiales como una ofensiva de Caputo contra el entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La investigación judicial avanza mientras el oficialismo lidia con lo que algunos denominan “fuego amigo”.