La Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina realizó una ronda de testimonios sobre la conducta del suspendido fiscal adjunto Diego Rodríguez y Barros, con la participación de unos 40 testigos y la presencia de pocos legisladores.
La Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados de Santa Fe llevó a cabo este jueves una ronda de testimonios en el marco del análisis de la conducta del suspendido fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros. La reunión fue presidida por el senador Raúl Gramajo y contó con la escasa presencia de legisladores.
Unos 40 testigos declararon en la audiencia, algunos de forma presencial y otros de manera virtual. Varios de ellos solicitaron no exponer su imagen por temor a represalias. El propio Rodríguez y Barros participó del encuentro con su brazo derecho enyesado e interrogó a varios testigos, muchos propuestos por su defensa.
El diputado Marcos Corach, designado como miembro acusador, tuvo una participación activa. Los otros legisladores presentes durante gran parte de la reunión fueron los diputados Silvana Di Stefano (UCR) y Ariel Bermúdez (Creo).
La acusación de Corach se sustenta en cuatro causales: el intento de fraguar un robo de cubiertas ante una aseguradora; maltrato a personal de la fiscalía; un incidente en un trámite dentro de la fiscalía; y el pedido de dinero tras protagonizar un incidente de tránsito en la ciudad de San Jorge.
Entre los testigos que brindaron declaraciones se encontraban el fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, y el juez de ese circuito, Pablo Ruiz Staiger. La suerte de Rodríguez y Barros comenzará a definirse en la reunión de la Comisión de Acuerdos del próximo miércoles. Allí, Corach propondría avanzar con las sanciones y se discutirá el tipo de pena, que podría incluir la extensión de la suspensión o la destitución del cargo.
Rodríguez y Barros, oriundo de Rosario, asumió sus funciones en septiembre de 2023 y fue suspendido el 27 de noviembre pasado, con una reducción del 50% de sus haberes y la prohibición de ingresar a dependencias del MPA.
El proceso comenzó por una denuncia de presunta estafa a una aseguradora, pero con el avance de la investigación se sumaron otros cargos, como uso indebido de sistemas informáticos judiciales, amenazas y denuncias por clima laboral hostil.
En otro orden, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen que propone el juicio político del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial. La decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo.
Desde diciembre pasado, Salmain se encuentra procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en una causa donde se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer un fideicomiso, a cambio de una coima de 200 mil dólares. La prisión preventiva dictada no se concretó por su inmunidad de arresto.