La proporción de habitantes sin obra social, prepaga u otra cobertura adicional pasó del 33,3% al 35,5% en un año, según el informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares. El deterioro fue más pronunciado entre niños y adolescentes.
La cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud aumentó en 726.000 durante el último año en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, según el informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares publicado este miércoles.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), durante el primer semestre de 2026 unas 10.692.000 personas dependían exclusivamente del sistema público para su atención médica, frente a las 9.966.000 registradas en igual período de 2025. La proporción pasó del 33,3% al 35,5% de la población, un incremento de 2,2 puntos porcentuales.
La contracara es la reducción de quienes cuentan con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. Este grupo pasó de 19.873.000 a 19.387.000 personas, una disminución de 486.000, pese a que la población total relevada creció en aproximadamente 248.000 habitantes.
En perspectiva histórica, en el primer semestre de 2024 el 32% de la población dependía exclusivamente de la salud pública. Dos años después, esa proporción llegó al 35,5%, mientras que la cobertura adicional cayó del 67,8% al 64,3%.
Impacto en menores
El INDEC identificó que el 46,5% de los menores de 18 años dispone exclusivamente de cobertura sanitaria pública, frente al 43,7% registrado un año antes. En términos absolutos, son 3.764.000 niños y adolescentes, unos 245.000 más que en el primer semestre de 2025. El dato representa un incremento de 2,8 puntos porcentuales en un año.
Entre las personas de 18 a 64 años, la proporción que depende solo del sistema público también aumentó, del 35,1% al 37,6%. Entre los adultos mayores de 65 años, la cobertura adicional alcanza al 98%, fundamentalmente por su incorporación al sistema previsional y sus prestaciones sanitarias.
El informe señala que el 38,9% de los hogares tiene al menos un integrante que depende exclusivamente del sistema público, frente al 37,1% de un año atrás. En el 17,8% de los hogares todos sus miembros se encuentran en esa condición.
Entre la población englobada como no pobres, la proporción que vive en hogares donde todos dependen exclusivamente del sistema público pasó del 7,9% al 9,6%. El 36% de las personas pobres no indigentes y el 58,9% de las indigentes viven en hogares donde ningún integrante dispone de cobertura médica adicional.
Vínculo con la informalidad laboral
Según el informe Mercado de trabajo publicado por el INDEC en septiembre, la informalidad alcanzó al 45% de los ocupados durante el segundo trimestre de 2026, frente al 43,2% registrado un año antes. El organismo contabilizó 6.101.000 trabajadores informales, unos 348.000 más que en igual período de 2025. La participación de los cuentapropistas dentro de ese universo pasó del 34,3% al 37,3%, y la tasa de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia alcanzó el 65,8%, frente al 62,4% de un año antes.
El informe del INDEC no establece una relación causal entre el aumento de la informalidad y la pérdida de cobertura sanitaria. La EPH identifica la situación de las personas en distintos períodos, pero no determina por sí sola las razones de los cambios. Tampoco debe confundirse la dependencia exclusiva del sistema público con la falta de atención médica: en la Argentina, hospitales y centros de salud públicos tienen carácter universal y pueden atender también a personas con obra social o prepaga.
El escenario en Santa Fe
En marzo de este año, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, informó a El Litoral que las prestaciones realizadas por el sistema público habían aumentado de aproximadamente 9 millones en 2022 a 13 millones durante 2025. Según precisó, más del 52% de la población santafesina había tenido contacto con el sistema provincial de salud. Entre los usuarios atendidos, el 72% no contaba con obra social, mientras que el 28% disponía de algún tipo de cobertura.
La funcionaria atribuyó parte de la mayor demanda a las dificultades en el financiamiento y la provisión de medicamentos por parte del Gobierno nacional, y advirtió que también recurrían al sistema público pacientes que contaban con cobertura de obras sociales. «En los distritos en los que no tenemos respuestas del sector privado, es el público quien debe resolver», planteó Ciancio, al señalar que la provincia contaba con 48 clínicas con internación habilitadas para sus 365 localidades.
Las cifras provinciales corresponden a prestaciones y usuarios atendidos, mientras que el INDEC mide la cobertura sanitaria de la población. Aunque no son directamente comparables, muestran dos dimensiones de un mismo problema: el crecimiento de la población que depende exclusivamente de los servicios públicos y las exigencias que enfrenta la red sanitaria para sostener la atención.
En aquella presentación, Ciancio también informó una reducción del 50% en los botiquines enviados mediante el programa Remediar y dificultades en el abastecimiento de medicamentos para pacientes trasplantados y oncológicos. La provincia, explicó, había recurrido a mecanismos de compra centralizada para afrontar esas necesidades.