El senador nacional José María Carambia presentó una iniciativa que establece un máximo de una reelección consecutiva para legisladores nacionales. La propuesta toma como referencia la reforma constitucional de Santa Fe de 2025, que incorporó esa restricción para diputados y senadores provinciales.
El senador nacional por Santa Cruz José María Carambia presentó un proyecto de ley que propone limitar la reelección consecutiva de diputados y senadores nacionales. La iniciativa establece que los legisladores comprendidos en los artículos 50 y 56 de la Constitución Nacional podrán ser reelegidos consecutivamente por un solo período y, cumplido ese ciclo, deberán dejar pasar un mandato antes de poder postularse nuevamente para el mismo cargo.
De aprobarse el proyecto, un diputado podría permanecer hasta ocho años seguidos en la Cámara baja, mientras que un senador tendría la posibilidad de ejercer durante doce años antes de verse obligado a interrumpir su permanencia en la banca. La propuesta dispone que los mandatos actualmente en curso serán considerados como el primer período a los efectos del cómputo de las futuras reelecciones.
En los fundamentos, Carambia sostiene que si bien la Constitución reconoce expresamente la posibilidad de reelección de diputados y senadores, ello no implica que los cargos deban ejercerse de manera sucesiva e ininterrumpida. Argumenta que corresponde distinguir entre la posibilidad de ser elegido múltiples veces y la permanencia continua en una misma banca durante décadas.
Según recoge el sitio especializado Parlamentario.com, el legislador vincula su propuesta con los principios republicanos de alternancia y periodicidad de los mandatos. En ese sentido, remarca que la renovación de las autoridades constituye uno de los pilares del sistema democrático y ayuda a evitar la concentración prolongada del poder político en una sola persona.
Carambia también señala que la permanencia extendida en cargos legislativos puede generar ventajas estructurales para quienes ya ocupan una banca, dificultando la competencia política y la renovación de la representación. Por ello, considera necesario fijar reglas objetivas que se apliquen por igual a todos los representantes.
Como antecedente, el senador menciona que la propia Constitución Nacional establece límites similares para los cargos de presidente y vicepresidente, permitiendo una reelección consecutiva y habilitando una nueva candidatura recién después de un período de intervalo. Asimismo, recuerda el fallo de la Corte Suprema que en 2024 declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución de Formosa que permitía la reelección indefinida del gobernador provincial.
En rigor, la posibilidad de que diputados y senadores provinciales sean reelegidos consecutivamente no tiene una regulación uniforme en la Argentina. Cada provincia establece sus propias condiciones, en ejercicio de su autonomía institucional, y existen diferencias importantes entre los límites aplicables a los integrantes del Poder Legislativo y los previstos para gobernadores y vicegobernadores.
En términos generales, se pueden distinguir tres modelos:
- Reelección sin límite constitucional expreso: la Constitución establece que los legisladores son reelegibles, sin fijar una cantidad máxima de períodos consecutivos. Es el sistema que históricamente predominó en las provincias y hoy rige en la gran mayoría.
- Una sola reelección consecutiva: se permite que un legislador permanezca durante dos mandatos seguidos -el original y una reelección-, pero luego debe dejar transcurrir un período constitucional antes de volver a ocupar la misma banca. Es el que incorporó Santa Fe, y tienen Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
- Regulaciones diferenciadas: algunas jurisdicciones tienen disposiciones particulares para sus órganos legislativos, sistemas unicamerales o normas electorales que complementan las previsiones constitucionales. Son los casos de Buenos Aires, Catamarca y Jujuy, que permiten una reelección consecutiva y luego exigen el intervalo de un mandato para otra nueva.
Hasta 2025, la Constitución santafesina permitía la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales. El nuevo texto incorpora la restricción de manera expresa para diputados (art. 69) y senadores (art. 73). En ambos casos, duran cuatro años en sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva. Luego, deben dejar pasar un intervalo de un período para volver a postularse.
En el debate, uno de los fundamentos centrales fue que la permanencia indefinida de una misma persona en un cargo electivo puede debilitar la renovación de las instituciones. La alternancia fue presentada como un mecanismo para oxigenar la política, ampliar las posibilidades de participación y evitar que las bancas legislativas se transformen en posiciones permanentes.
Uno de los fundamentos jurídicos incorporados al debate fue la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque ese pronunciamiento se refiere específicamente a la reelección presidencial indefinida, los convencionales lo utilizaron como referencia para sostener que el derecho a ser elegido no implica un derecho ilimitado a permanecer en el poder. La argumentación se apoyó en varios principios: el derecho de participación política no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones razonables; la democracia representativa requiere preservar el pluralismo político; la permanencia ilimitada de una misma persona en el poder puede favorecer tendencias hegemónicas; y la continuidad indefinida puede perjudicar las posibilidades de participación de las minorías y de las fuerzas opositoras.
Un aspecto relevante que atravesó la discusión y debe ser tomado en cuenta a la hora de evaluar los efectos de la modificación es lo que establece la disposición transitoria sexta. La norma incorporada por los convencionales indica que los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encontraban en ejercicio al momento de sancionarse la reforma no se consideran como primer período. La excepción es el caso del gobernador y la vicegobernadora, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, para quienes el mandato vigente sí se considera el primero.
Esto tiene consecuencias concretas para los legisladores: los mandatos que estaban en curso al sancionarse la reforma no se computan para el nuevo límite; el período legislativo que comienza en 2027 será el primero que se contabilice; quienes sean elegidos en 2027 podrán competir por la reelección en 2031; y si obtienen un segundo mandato consecutivo, deberán dejar pasar el período siguiente para volver a postularse a la misma banca. Por lo tanto, el régimen comienza a tener efectos prácticos sobre la continuidad de los actuales diputados y senadores a partir del ciclo electoral de 2027, pero la imposibilidad de una tercera reelección consecutiva se proyecta sobre las elecciones de 2035.