El artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 deroga la movilidad automática de las asignaciones familiares, dejando los aumentos a criterio del Poder Ejecutivo. La oposición y organizaciones advierten sobre el riesgo de pérdida de cobertura, mientras Hacienda argumenta que busca sostener la cobertura de la canasta básica alimentaria.
El debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados incluye una modificación en la política de asignaciones familiares. El artículo 17 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo deroga los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160, que establecen la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.
La derogación no implica la eliminación de las prestaciones ni una reducción de montos, sino que suprime la obligación legal de ajustar los importes mediante la fórmula que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto no establece otra regla ni una periodicidad obligatoria, por lo que los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.
La Ley 27.160 fue sancionada en 2015 durante la gestión de Mauricio Macri y acopló las asignaciones a la movilidad jubilatoria, con aumentos obligatorios y automáticos dos veces al año. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se modificó para revisarse cada tres meses. En 2024, el Decreto 274 del gobierno de Javier Milei estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES se actualizarían mensualmente según la inflación de dos meses previos.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará el martes con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas aún no confirmadas formalmente.
Alcance de las derogaciones
El artículo 17 establece: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. El primero fija la movilidad de los importes y de los límites y rangos de ingreso para acceder al beneficio; los otros regulan su cálculo por ANSES y la aplicación inicial.
Según informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la evolución del valor real de la AUH fue variable debido a la inflación: cada aumento tuvo una recuperación inmediata seguida de una pérdida gradual hasta el ajuste siguiente. Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH alcanzó un mínimo al finalizar ese período producto de la devaluación dispuesta por Milei al asumir la presidencia. Luego, el Gobierno dispuso un aumento extraordinario del 100% y la movilidad mensual con un IPC relativamente estable permitió proteger ese ingreso.
En contraste, la Prestación Alimentar no cuenta con esa movilidad: sus valores dependen de aumentos discrecionales y su poder de compra repitió el patrón de recuperaciones transitorias y posteriores caídas. La OPC calcula para Alimentar un promedio real que descendió desde diciembre de 2023. El Plan 1.000 Días mantuvo su recomposición gracias a la indexación mensual posterior de 2024.
En el Presupuesto 2027, la OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. Alimentar tendría $3 billones, creciendo 8% nominal, pero con una caída del 10,5% real.
Planteos y reclamos
UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron su preocupación a una comisión de Diputados. Las instituciones señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de su garantía de movilidad.
El proyecto asigna $21,5 billones a políticas de niñez, 7% más en términos reales sobre el crédito vigente de septiembre. Según UNICEF, faltaría sumar cerca de $1,5 billones al gasto previsto para 2026 para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre. Con esa base corregida, el crecimiento real de 2027 prácticamente desaparece.
“Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF, ante los diputados integrantes de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
En la Cámara, la objeción también proviene de la UCR, uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo para sancionar el Presupuesto. El partido se expresó este domingo en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad.
La respuesta de Hacienda
En la primera audiencia de Presupuesto, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por el artículo 17 y preguntó por qué se buscaba dejar los aumentos sujetos a decisiones administrativas. Guberman defendió otro objetivo: “Lo que nosotros queremos hacer es […] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”.
Su argumento fue que los alimentos pueden subir más que el índice general, por lo que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra de comida. “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”, afirmó. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Alimentar cubra al menos 95% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA); no establece, sin embargo, qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.
La discusión también tiene alcance fiscal. Guberman explicó que Hacienda estima los ingresos, descuenta “los gastos que tienen alguna cláusula de ajuste automático” y reparte el margen restante. La derogación quitaría una obligación legal de ajuste, aunque el proyecto no cuantifica el eventual ahorro que se produciría de aprobarse esta medida.
Hacienda proyecta 18% de inflación a diciembre de 2027, contra 21,2% del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) relevado por la OPC. La diferencia no supone por sí sola una pérdida determinada para los hogares: dependerá de cuánto y cuándo decida aumentar el Ejecutivo. De aprobarse el artículo 17, la garantía que estabilizó el valor real de la AUH ya no estaría escrita en la ley.