La Justicia de la provincia de Buenos Aires detuvo a una funcionaria judicial y a otras dos personas en el marco de una investigación por asociación ilícita y lavado de activos. El caso involucra el uso de datos biométricos para abrir cuentas virtuales y un monto estimado en $27.000 millones.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires detuvo a una funcionaria judicial y a otras dos personas, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de activos. Durante los allanamientos se secuestraron millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW. La maniobra investigada habría utilizado datos biométricos de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales, a través de las cuales se habría movido dinero proveniente del juego clandestino. El monto total ascendería a los $27.000 millones.
La detenida es Albertina Mangini, abogada e integrante de la Procuración General bonaerense. La fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata, imputó a Mangini por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por habitualidad y por su cargo público. Junto a Mangini, fueron detenidos Mauro Perrota en Mar del Plata e Ignacio Marchioni en Quilmes.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al caso en su cuenta oficial de X: «La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia». La aclaración surgió luego de que inicialmente se informara que la detenida era empleada de la Gobernación, lo que fue corregido por el Ejecutivo provincial.
Los allanamientos se realizaron en domicilios de La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Córdoba. La pesquisa busca determinar el alcance de la organización y el rol específico de cada uno de los involucrados. La causa también presenta conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol: uno de los implicados aparecería mencionado en un expediente relacionado con una financiera vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
En cuanto a las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar ante la fiscal Lacki. Marchioni, en tanto, aseguró que su actividad comercial se dedicaba exclusivamente al «corretaje y las inversiones».
La Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades de cada parte en la maniobra investigada.